Sindicalista sí, ministro no

EDUCACIÓN. En el editorial del 13 de octubre alertábamos de que las credenciales del nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, no auguraban una labor que afianzara la reforma del sector. La semana pasada, en sus primeras declaraciones públicas, el funcionario confirmó esos temores, pero también demostró, con sus respuestas que dejaron mucho que desear, que desconoce el tema educativo y la amplia problemática coyuntural y estructural que aqueja al sector –más allá de los reclamos sindicales, que parecen ser su única preocupación–.

Y al calificar la Ley de Reforma Magisterial de “discutible”, “polémica” y contraria a la estabilidad laboral de los docentes, y describir la evaluación de estos como “vía crucis de zozobra”, ratificó su defensa de la mediocridad en la enseñanza escolar. Pero lo que causó más indignación fue su anuncio de que los docentes que reprobaron sus evaluaciones en varias oportunidades serán nombrados automáticamente. Nada de esto debería sorprender, pues era conocida la oposición de Gallardo a la reforma –incluso recurrió al Tribunal Constitucional, que declaró infundada su demanda–.

Lo que causa desconcierto es que una persona que se comporta como dirigente sindical tenga a su cargo la política educativa, cuyo centro de atención tienen que ser los alumnos y la calidad de la enseñanza que reciben. El Minedu ya ha oficializado en parte la postura de su titular al establecer cuestionables cambios al examen para asignar plazas docentes para el periodo 2022-2023, que se realizará el próximo 13 de noviembre. Además de haberse “suavizado” criterios de meritocracia, que permitirían la asignación de plazas por afinidad ideológica o por clientelismo, se habría abierto la posibilidad de que postulen sentenciados por terrorismo y agresión sexual.

En suma, el manejo que Gallardo tiene de los temas estructurales del sector se enfoca en traerse abajo la reforma magisterial. Y en lo coyuntural, en especial respecto al retorno a la presencialidad, pese a que ya está por cumplir un mes en el cargo, no tiene claro qué se debe hacer. Solo se ha limitado a decir que la presencialidad escolar “ya ha empezado” –efectivamente, en cerca de 17,000 colegios, durante el gobierno de Sagasti–, así como en universidades de “algunas regiones”.

Si la premier Mirtha Vásquez tuviera la misma preocupación por el tema educativo como la tuvo en el caso del sector Interior, Gallardo no debería seguir al frente del Minedu. Lamentablemente, parece que ni ella ni el presidente le pedirán su renuncia.