Editorial. La gestión de las finanzas públicas en el Perú atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas por una amenaza interna persistente: el desdén por la caja fiscal desde el Congreso de la República.
La aclaración llegó en un momento necesario. En el pasado, se “interpretó” que una sentencia del TC daba luz verde al Parlamento para que gaste, situación que incluso en el 2022 ocasionó la alerta del propio Consejo Fiscal (CF).
El resultado ha sido la creación de un “forado” fiscal que el CF ha denunciado con insistencia, advirtiendo que la acumulación de estos compromisos erosiona la capacidad de maniobra del Estado y pone en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales.
“La estabilidad de un país no puede depender de la voluntad de los congresistas de turno, sino de un respeto irrestricto a la arquitectura institucional”.
La reciente aclaración del Tribunal Constitucional (TC) a Gestión, reafirmando que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto, no es solo un recordatorio jurídico; es una sentencia necesaria para la supervivencia macroeconómica del país. Foto: Andina.
El CF detectó a finales del año pasado 352 iniciativas legislativas (como mínimo, con dictamen aprobado, han logrado avanzar en el pleno o fueron observadas por el Poder Ejecutivo) que pondrían en jaque las cuentas del Estado.
El principio de que el Legislativo no puede disponer del dinero público tiene una razón de ser técnica: el Ejecutivo es el único que tiene la visión integral de los ingresos y egresos de la economía. Cuando el Congreso rompe este equilibrio, lo hace basándose en cálculos políticos de corto plazo, ignorando que cada sol destinado a un aumento no planificado es un sol que se resta a la inversión pública en infraestructura, salud o seguridad.
La aclaración del TC debe marcar un punto de quiebre. No basta con que el Poder Ejecutivo observe las leyes (como ya lo anunció el premier, Ernesto Álvarez); es necesario que el máximo intérprete de la Constitución actúe como el dique de contención final. La estabilidad de un país no puede depender de la voluntad de los congresistas de turno, sino de un respeto irrestricto a la arquitectura institucional.
Entender que el Congreso no tiene iniciativa de gasto es clave no solo para terminar este mandato con cierta solvencia, sino para blindar el futuro de las próximas generaciones.
Si permitimos que el populismo presupuestario siga dictando la agenda económica, el país se encamina a un escenario que tardará décadas en revertirse. La regla es clara y no admite interpretaciones creativas: el Congreso no tiene iniciativa de gasto, punto.
