El proceso electoral ha entrado en su fase decisiva y lo hace bajo condiciones que, lejos de ofrecer certidumbre, vuelven más complejo el ejercicio democrático. Con 38 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas (Acción Popular quedó fuera, lo que ha dejado en el aire a congresistas que buscaban volver en el próximo Parlamento), el camino hacia las elecciones se perfila como particularmente difícil para el elector, que deberá navegar entre una oferta fragmentada, lo que dificulta aún más la identificación de candidatos cuestionables.
A ello se suma un diseño que permite que las opciones se mantengan abiertas hasta etapas muy avanzadas del calendario, con procesos de tachas, exclusiones y renuncias que pueden extenderse, en el extremo, hasta pocas semanas antes del día de la votación. El resultado es un sistema que no brinda certezas oportunas ni al ciudadano ni a los propios actores políticos.
En este contexto, la responsabilidad de los partidos políticos y de sus personeros adquiere una relevancia central. No basta con cumplir formalmente los plazos. Hay que actuar con el máximo escrúpulo en la selección de candidatos. Ello implica asegurarse de que quienes aspiren a cargos de representación no mantengan vínculos con economías ilegales ni arrastren antecedentes que comprometan la legitimidad de los cargos. Aunque las señales no son alentadoras.
El Comercio ya ha alertado sobre los casos de Podemos Perú y Perú Libre, que buscan postular al Congreso a candidatos vinculados a la minería informal. De otro lado, en Renovación Popular, Rafael López Aliaga ha defendido la presencia de un postulante a la Cámara de Diputados pese a sus nexos con la minería informal. Esos son solo algunos de los casos conocidos hasta el momento. Y seguramente habrá más en las próximas semanas, lamentablemente.
Igualmente crucial es la transparencia en la presentación de las hojas de vida. La información incompleta, tardía o inexacta no solo expone a los candidatos a eventuales tachas, sino que debilita la credibilidad del sistema electoral en su conjunto. Ya en varios procesos previos hemos visto cómo la incertidumbre se adueñó de la carrera en el último tramo. No necesitamos que ello ocurra nuevamente.
En ese marco, la firma del Pacto Ético Electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones constituye una señal positiva. Sin embargo, su valor no radica en el acto protocolar ni en el número de adhesiones, sino en su cumplimiento efectivo. De poco servirá que las organizaciones políticas suscriban compromisos si estos no se traducen en conductas responsables durante la campaña. En una contienda tan fragmentada y volátil, la ética debe convertirse en una práctica verificable.
