No vale retroceder

Finalmente, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la ley que reemplazaría al fallido Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en el abordaje de la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. El dispositivo legal, que tendrá que ser aprobado por el Parlamento, propone un plazo máximo de seis meses para que se concreten los procesos en marcha en el registro actual tras la eventual aprobación de la iniciativa conocida como ley MAPE.

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Es poco probable que dicho periodo transitorio resuelva lo que no se ha podido hacer hasta ahora. Como hemos informado, de los casi 90,000 inscritos en el Reinfo, apenas el 2% concretó su formalización. Y la mayoría (más del 70%) tiene su registro suspendido. El sistema mayoritariamente ha sido un fracaso. Sin embargo, resulta relevante que, como propone la iniciativa, el Minem luego se encargue de resolver los procedimientos en curso. Las instancias regionales no han funcionado y quizá una centralización, con mayores recursos, resulte más útil.

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De otro lado, aspectos como una mayor regulación en el uso de explosivos para pequeña minería y minería artesanal, el impulso de asistencia técnica para el cumplimiento de las normas y el planteamiento de zonas especiales para la minería de esta escala, son complementos por lo menos interesantes para un nuevo marco legal de formalización minera. También es relevante la derogación del decreto que exime de responsabilidad penal a los inscritos en el Reinfo.

Sin embargo, todo puede quedar en nada. Como la iniciativa tiene que pasar por el Congreso, el riesgo de que esta propuesta no prospere, o que incluso se termine en una situación aún peor, es elevado.

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En un informe de gestión.pe (21.11.24), se identificó que desde el 2022 se han presentado en el Congreso al menos ocho propuestas para ampliar el Reinfo. Algunas proponen extenderlo hasta por 3 años. Y otras, más riesgosas, pretenden incluso ampliar el plazo de inscripción. Como han advertido varios especialistas, el fracaso del registro actual no solo se manifiesta en su ineficacia para formalizar, sino también en que habría funcionado como un “escudo” para que mineros ilegales continúen con sus actividades sin mayor represalia.

El envío de la Ley MAPE es solo un primer paso. Ahora toca que el Ejecutivo sea firme y haga todo lo posible por avanzar con la norma. Es muy probable que el Congreso busque “tumbarse” la iniciativa. Y no solo eso, ayer las protestas de mineros artesanales incluso bloquearon carreteras. La presión de la “calle” y el Parlamento será fuerte. Pero el Ejecutivo no debe retroceder. Es su responsabilidad.