Procure no investigarnos

Cambios. El día de ayer fue publicada una ley recientemente aprobada por el Congreso –y que no fue observada por el Gobierno– que cambia otra vez las reglas del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (compuesto por los procuradores públicos) para indicar que los procuradores del Poder Legislativo, así como los del Poder Judicial y los de los demás organismos constitucionales autónomos, ya no serán designados por la Procuraduría General del Estado (PGE), sino por cada una de esas entidades por separado.

Este cambio implica un retroceso en el avance logrado en el 2017, cuando se aprobó la ley que creó la PGE justamente con el objetivo de darle más autonomía a los procuradores. Años antes, varios habían recibido presiones para no investigar a los altos funcionarios de las entidades a las que pertenecían.

Como se sabe, la labor de un procurador es principalmente ejercer la defensa jurídica del Estado. Dado que cada uno de los organismos públicos más importantes tiene un procurador, ello implica que entre las labores de estos funcionarios puede está el denunciar cualquier violación de la ley para que esta sea investigada en el Poder Judicial, incluso si quien viola la ley es un alto funcionario o, con mayor razón, el titular de la institución.

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La lealtad del procurador es con el país, no con el titular de turno. Pero si es la propia entidad la que puede nombrar y remover a su propio procurador, evidentemente la independencia de estos funcionarios se reduce: si incomoda demasiado a los altos funcionarios, pierde su puesto.

El problema es similar al que ocurría en la Contraloría cuando los órganos de control institucional (OCI) –las oficinas descentralizadas de la Contraloría que funcionan en cada entidad pública– dependían administrativamente de las entidades a su cargo, con lo que los organismos auditados manejaban la planilla de sus auditores. Esta incoherencia finalmente pudo corregirse en el 2018.

Fue con una lógica similar y ante casos como el de la exprocuradora Julia Príncipe durante el Gobierno de Ollanta Humala lo que, en el 2017, impulsó a la creación de la PGE. Y la idea de este avance fue que sea esta nueva entidad autónoma la que nombre a los procuradores de cada organismo público, de modo que estos tengan más independencia.

La ley recientemente publicada implica un claro retroceso en este esfuerzo. Y el que esto haya ocurrido en medio de una ola de críticas al Congreso por varias decisiones cuestionables, permite intuir que quizá el objetivo haya sido procurar que mejor ya no los investiguen tanto.

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