La discusión sobre un seguro de desempleo ha vuelto debate. En principio, la idea parece razonable. En un país con protección social limitada, contar con un mecanismo que ayude a los trabajadores a enfrentar períodos de desempleo involuntario resulta sensato. El problema aparece cuando esa discusión se produce en medio de decisiones políticas que han ido en la dirección contraria.
La Comisión de Trabajo del Congreso acaba de aprobar un dictamen que declara de interés nacional la implementación progresiva de un seguro de desempleo. Aunque el texto finalmente adoptado es declarativo y no crea todavía el mecanismo, el debate ya abrió preguntas inevitables sobre financiamiento, sostenibilidad y coexistencia con la CTS. Y es ahí donde reaparece una de las mayores contradicciones de la política laboral reciente.
Durante los últimos años, el propio Congreso promovió sucesivas liberaciones de la CTS, transformando un instrumento concebido como respaldo frente al desempleo en una cuenta de libre disponibilidad. Lo que nació como un ahorro de contingencia terminó funcionando, en la práctica, como una fuente adicional de liquidez para consumo corriente, pago de deudas o gasto inmediato.
Las cifras muestran la magnitud del cambio. Los fondos CTS pasaron de casi S/ 22,000 millones en 2021 a poco más de S/ 8,500 millones actualmente. El sistema financiero ya opera bajo esa nueva realidad: bancos, cajas y financieras compiten agresivamente por retener a los pocos clientes que aún conservan esos depósitos intactos. De hecho, apenas alrededor de un tercio de trabajadores mantiene la CTS como protección frente al desempleo. El resto retira los recursos rápidamente.
En ese contexto, resulta difícil ignorar la paradoja. Mientras se vacía de contenido un mecanismo diseñado justamente para enfrentar contingencias laborales, se plantea simultáneamente crear otro esquema que perseguiría un objetivo similar, pero con costos potencialmente mayores y desafíos mucho más complejos.
El propio Ministerio de Trabajo ya advirtió que un seguro de desempleo no podría coexistir fácilmente con la CTS, pues ambos cumplen funciones parecidas. Especialistas también recuerdan que el Perú enfrenta obstáculos estructurales severos: más del 70% de informalidad laboral, elevada rotación y predominio de contratos temporales. Implementar un seguro en esas condiciones podría terminar incentivando mayores distorsiones o encareciendo aún más el empleo formal si el financiamiento recae sobre las empresas.
En el fondo, el problema es la improvisación. Se desmontan instrumentos existentes antes de evaluar sus consecuencias y luego se intenta reemplazarlos con sistemas inciertos.
De cara al próximo Congreso, las expectativas de un manejo más técnico y responsable siguen siendo moderadas. La experiencia reciente demuestra que muchas iniciativas terminan erosionando precisamente aquello que originalmente prometían fortalecer.
