El inicio de la etapa exploratoria a cargo de ProInversión para la promoción de activos de Petroperú es una señal correcta. Por primera vez en mucho tiempo, la reestructuración de la petrolera estatal empieza a salir del terreno declarativo para ingresar a un plano técnico. Es un intento importante por ordenar, poner en valor los activos y reducir una carga que por años ha recaído sobre el Estado y ha costado miles de millones de soles a los peruanos.
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Ese proceso, sin embargo, es necesariamente gradual. Y mientras avanza, no se deben descuidar otros problemas urgentes, como la crisis de liquidez de la empresa estatal, la cual ya está teniendo efectos reales sobre la economía del norte del país.
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La ruptura de la cadena de pagos con operadores privados de petróleo en Talara no es un episodio menor. Se habla de deudas superiores a los US$ 120 millones y de meses sin pagos por el crudo entregado. Pero el impacto se extiende más allá de estas compañías. Cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras, miles de empleos y hasta los ingresos fiscales vía regalías y canon petrolero están en riesgo, según han informado los actores privados. Esto ha llevado a la paradójica situación en la que, mientras una empresa del Estado no paga, otra –Perupetro– exige el cumplimiento inmediato, de acuerdo a la normativa establecida, de las obligaciones a las empresas. El resultado es una asfixia financiera que amenaza con paralizar operaciones y agravar la crisis social en la zona.
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Sin embargo, nada de esto se resuelve con más transferencias del Tesoro Público. Seguir financiando a Petroperú con dinero de los contribuyentes, sin una solución de fondo, solo posterga el problema y aumenta su costo político y fiscal. La reorganización debe avanzar, sí, pero el corto plazo exige decisiones urgentes, entre ellas, medidas operativas que permitan aliviar la presión sobre la cadena productiva, como establecer un cronograma creíble para amortizar sus deudas.
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Este desafío cae ahora sobre la nueva gerencia general encargada, liderada por Rita López Saavedra. Su gestión empieza en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la empresa estatal. Atender la emergencia financiera inmediata, sin volver a cargarla sobre el contribuyente, será una prueba de que el proceso de reordenamiento no es solo un buen anuncio, sino una política responsable.
