La recesión que el Perú comenzó a sufrir el 2023 –cuyas secuelas se sentirán por bastante tiempo– golpeó a la mayoría de ciudadanos, empresas y sectores económicos, pero hubo un grupo de compatriotas que no padeció tanto: los que trabajan en el sector público. Ya sabemos que el Congreso gasta lo que le viene en gana y se autoasigna presupuestos superiores a los de varios ministerios, pero en otras entidades estatales también se ha gastado como si la austeridad fuese una obligación exclusiva del sector privado.
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El informe de producción a nivel nacional que el INEI publica mensualmente incluye un sector del que poco se habla, “administración pública, defensa y otros” (también llamado “servicios gubernamentales”), el cual abarca actividades legislativas, judiciales, orden público y seguridad, programas sociales y administración de seguros obligatorios de salud y de otros riesgos humanos (figura, por ejemplo, EsSalud). Pues bien, ese sector no se contrajo en ningún mes del año pasado, sino que siguió creciendo. Entre enero y noviembre, se expandió 2.89%, respecto del mismo periodo del 2022, muy alejado de la contracción de 0.57% que registró el PBI total.
Mientras sectores como construcción, manufactura, agro, telecomunicaciones, servicios prestados a empresas y finanzas y seguros languidecían, el sector público era inmune a la recesión y hasta generaba empleo. Por ejemplo, en educación hubo contratación de personal administrativo en noviembre –algo curioso porque el año escolar estaba culminando–. Esta clasificación no incluye a Petroperú, cuya producción figura en dos subsectores (hidrocarburos y manufactura primaria), pero que a pesar de encontrarse en pésima situación financiera, no ha anunciado ningún plan de reducción de costos.
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Por su parte, el BCR informó que el gasto corriente del sector público no financiero aumentó 4.2% el año pasado, respecto del 2022, empujado por la generosidad de los gobiernos regionales (su gasto subió 15.3%). Hubo alza de remuneraciones y mayor adquisición de bienes y servicios. Los actuales gobiernos regionales asumieron el 2023, tuvieron que aprender a ejecutar presupuesto para inversión, pero parece que sí sabían gastar en planillas.
Los servicios gubernamentales son esenciales, pero lamentablemente no cumplen con un requisito básico: ser eficientes. Pese a ello, el Gobierno ha obsequiado a los servidores públicos nada menos que siete días no laborables, adicionales a los feriados (que ya son excesivos), los que serán pagados por los contribuyentes. Qué tal abuso.
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