Otra vez, la colegiatura

Cada cierto tiempo el Congreso de la República, tan predecible para los despropósitos, vuelve a plantear la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio de alguna profesión. En más de una ocasión, ha ido a por los periodistas, en su afán de controlar las libertades de prensa y de expresión. También, más recientemente, ha puesto en la mira a los politólogos. Ante el desprestigio de su imagen –que no es exclusiva del Parlamento actual, sino de varios anteriores– se han dado estos raptos antidemocráticos que afortunadamente (aún) no han prosperado.

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Sin embargo, un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Trabajo esperando a ser debatido, ha, decididamente, elevado el nivel de insensatez para dar paso a una propuesta que afectaría a cualquiera que busque ganarse la vida. Así, la iniciativa pretende obligar a todo profesional a colegiarse para poder laborar tanto en el sector público como en el privado, incluso de manera independiente.

Según el proyecto, esta norma tendrá como consecuencia “una mejora significativa en la calidad profesional”. La ingenuidad aparente de este punto –aparente, porque el Congreso ha demostrado con mayor frecuencia intencionalidad que ingenuidad– es apenas un ornamento que pretende llenar de sentido a una propuesta vacía, que solo beneficiaría a los colegios profesionales, afectaría económicamente a los que ejercen dichas profesiones e incluso atentaría contra sus derechos.

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El abogado Jorge Toyama en su columna de hoy (página 12) advierte que el proyecto es inconstitucional, pues afecta el derecho al trabajo (“Las personas tienen el derecho de trabajar sin mayores restricciones, especialmente en el sector privado”, afirma el especialista en derecho laboral).

Toyama también dimensiona el potencial impacto de la norma, que sería desastrosa para un mercado laboral tan frágil e informal: afectaría a unos 4 millones de jóvenes en la informalidad, a los trabajadores extranjeros y, especialmente, a los profesionales que laboran en actividades distintas a sus carreras.

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El mercado laboral tiene maneras de recompensar al talento y estas no pasan por la colegiatura. Más bien, cabe preguntarse, ¿qué han hecho los colegios profesionales hasta el momento para asegurar la calidad y supervisar a los colegiados? Muchos los perciben como organizaciones a las que se les paga un monto y no dan nada a cambio. Así las cosas, no se les debería dar mayores prerrogativas. La norma de colegiatura obligatoria no debe avanzar.