Según cifras del Ministerio de Trabajo, a mayo de este año, apenas el 0.2% (alrededor de 3,000 personas) del total de servidores civiles estaba dentro del régimen de la Ley 30057 | Foto: Andina
Según cifras del Ministerio de Trabajo, a mayo de este año, apenas el 0.2% (alrededor de 3,000 personas) del total de servidores civiles estaba dentro del régimen de la Ley 30057 | Foto: Andina

SISTEMA SERVIR. La reforma del régimen laboral en el sector público se inició en julio del 2013, con la promulgación de la Ley 30057 (Ley del Servicio Civil), que creó un sistema administrativo de gestión de recursos humanos, integrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir, creada el 2008), por el MEF, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, entre otras dependencias. Han pasado doce años y los avances han sido magros.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, a mayo de este año, apenas el 0.2% (alrededor de 3,000 personas) del total de servidores civiles estaba dentro del régimen de la Ley 30057. Entre los factores que explican este estancamiento figura la constante exclusión de entidades del régimen, entre ellos el Congreso (para sorpresa de nadie), el Poder Judicial y un largo etcétera que sumó este mes a ProInversión. Otro factor es el petardeo que ha sufrido el sistema Servir desde el propio Congreso, incluidos intentos de derogarlo. A pesar de que los “parches” que el Ejecutivo ha aplicado a lo largo de los años buscaron simplificar el sistema, a septiembre del 2024 solamente 25 entidades públicas habían transitado a este régimen –de aproximadamente un total de 2,000–.

Sin embargo, el principal motivo del lánguido avance del sistema Servir parece ser que incluye la evaluación de los candidatos a puestos públicos. Otros regímenes laborales estatales no incluyen ese “fastidioso” requisito, como el CAS, que pronto contará con gratificaciones y CTS –el Congreso acaba de aprobar esos gastos fiscales adicionales en primera votación–. Otro aspecto del sistema Servir que suponemos es aterrador para ciertos empleadores estatales y aspirantes a cargos públicos, es que utiliza criterios de contratación que aseguran la transparencia de esos procesos. Eso significa que reduce significativamente el riesgo de usar el empleo público para pagar favores políticos o darles “chamba” a familiares y allegados.

Mientras tanto, el promedio de ingresos de trabajadores del Estado es casi 30% más alto que en el sector privado (gestión.pe 25/09/2025). En enero-julio de este año, las remuneraciones públicas aumentaron 9.1%, respecto del mismo periodo del 2024, mientras que en el sector privado cayeron 3.2%. La semana pasada, el presidente del BCR, Julio Velarde, advirtió que se necesita recobrar la meritocracia en el sector público para que el país funcione. También lamentó la pérdida de peso tecnocrático de los funcionarios públicos. Pero esas advertencias, duele decirlo, caerán en saco roto.

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