visión. Hace algo más de diez años, el Gobierno de Ollanta Humala adoptó el discurso antiminero, que blandía el argumento del riesgo ambiental que, afirmaba, era inherente a la minería. Está demostrado que eso es falso, a menos que se trate de la extracción ilícita, que sí contamina. “Conga no va”, fue el grito de batalla de los antimineros –Humala lo repitió en varias ocasiones–. Y efectivamente, ese yacimiento de cobre y oro nunca pudo convertirse en mina operativa. Lo mismo le ocurrió al proyecto cuprífero Tía María y a otros más.
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Es una lástima que un Gobierno que emprendió reformas estructurales claves haya tenido tan poca visión de un sector que poseía el potencial de ser la base del pendiente desarrollo socioeconómico del país. Los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra hicieron poco para revertir la situación, y el de Castillo la agravó. El actual Congreso y el anterior, con sus leyes que atentan contra la institucionalidad, crearon más incertidumbre. Y las consecuencias de esa miopía se están viendo ahora. La cotización internacional del cobre está en alza, de modo que cabría preguntarse: si Conga y Tía María no hubiesen sido trabadas, y estuviesen operativas –desarrollar una mina suele demorar una década–, la minería cuprífera peruana hubiese podido sacarle más provecho al precio del metal. Mayores ingresos mineros significan mayores recursos para el fisco.
Pero más sustancial que esa alza, es que se proyecta que la demanda por el metal rojo aumentará en el mediano plazo gracias a la transición energética. Por ejemplo, los vehículos eléctricos contienen 2.5 veces más cobre que los de combustión, aparte que equipos para la generación de energía limpia, como turbinas eólicas y paneles solares, usan cobre en volúmenes considerables. Esta es una oportunidad que parece estarse escapando, si se toma en cuenta la menor inversión en exploración y en los numerosos proyectos cupríferos que no tienen fecha de inicio de construcción (Gestión 19/04/2024). Es que la incertidumbre política está pesando más que las buenas perspectivas.
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En el periodo 2011-2015, pese al naciente hostigamiento contra la minería, la inversión en exploración promedió US$ 740 millones anuales. Para este año, el Minem proyecta US$ 500 millones (el 2023 sumaron US$ 433 millones). Hay otra oportunidad, ofrecida por Estados Unidos. A partir del 2027, el 80% del valor de mercado de minerales para baterías de vehículos eléctricos deberá ser extraído o procesado en ese país o en los que tiene acuerdos comerciales, que es el caso del Perú. ¿La desperdiciaremos?
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