El Congreso no es el único estamento que se está trayendo abajo la institucionalidad del país –desde el retroceso de la reforma universitaria hasta los cambios “a la medida” de la legislación electoral–. El Ejecutivo también está poniendo de su parte, pues además de evitar observar las autógrafas de leyes incongruentes que aprueban los legisladores, también se está aventurando con la modificación de normas, aunque de manera sutil y generalmente vía decretos supremos, que no generan tanta atención como las leyes o los decretos legislativos.
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Uno de los que pasó “oculto en la maletera” fue promulgado el martes pasado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), refrendado por su presidente, Gustavo Adrianzén, más la presidenta Dina Boluarte. Modifica procedimientos para la selección de los consejos directivos de organismos reguladores de inversión privada en servicios públicos. Estos son Sunass (saneamiento), Osiptel (telecomunicaciones), Osinergmin (energía y minería) y Ositrán (infraestructura de transporte de uso público).
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El Decreto Supremo 116-2024-PCM encarga a la propia PCM la designación de miembros de dichos consejos directivos, sin convocar a concurso público, cuando falten menos de seis meses para completar la duración del cargo, pero también dispone que el nombramiento podría extenderse por un periodo completo (cinco años). Hay más: Si un miembro del consejo directivo está en “suspensión perfecta” por más de seis meses, la PCM designará a su reemplazo.
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Esta última medida tiene nombre propio. A fines de septiembre, el presidente del consejo directorio de Osiptel, Rafael Muente, fue suspendido por un año, sin goce de haberes. Ahora, su cargo ya tuvo una nueva designación del Gobierno, sin ningún concurso. Según la PCM, la sanción impuesta a Muente fue por haber usado recursos públicos para pagarse un curso, pese a que la Contraloría concluyó que no existían irregularidades. Osiptel tiene autonomía administrativa, y al igual que otras entidades públicas que gozan de esa protección, destina recursos para mejorar el perfil de su personal.
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Según Muente, el “castigo” está basado en una animadversión de Adrianzén, que data del 2005. Al parecer, el revanchismo se ha convertido en sello distintivo del régimen de Boluarte. No es la primera vez que el premier carga contra los reguladores, pues en mayo propuso su fusión a fin de “fortalecer su capacidad regulatoria”, pero el despropósito fracasó. Tanto con esa propuesta como con el citado decreto supremo, lo que el Ejecutivo hace es vulnerar la autonomía de esos organismos.
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