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El domingo, Cuarto Poder reveló un nuevo testimonio que compromete aún más a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, en el caso en el que se le acusa de haber utilizado a prefectos y subprefectos para trabajar por la inscripción de su partido. Concretamente, uno de los dirigentes de ese partido explicó cómo se habría ejecutado este esquema y solicitó garantías para su seguridad.
Como se sabe, los prefectos y subprefectos son funcionarios públicos designados por el ministerio del Interior a nivel regional, provincial y distrital; que son claves para el planeamiento y ejecución de las estrategias locales en temas como seguridad ciudadana. Por tanto, se trata de autoridades que reciben un sueldo del Estado.
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La denuncia se originó el año pasado, luego de que El Comercio revelara chats en los que Nicanor Boluarte coordinaba actividades para la creación de su partido en un grupo en el que participan varios funcionarios. A ello se sumaron testimonios de integrantes del grupo que corroboraron lo denunciado, además de que era sabido ya desde antes que Nicanor Boluarte asesoraba informalmente a su hermana.
Hasta ahora, tanto la presidenta como su hermano solo han negado los hechos. Apenas la semana pasada, Dina Boluarte exigió tras la emisión de un reportaje de América TV que “dejen de difamar” a su hermano, “que él no está participando en absolutamente en nada, en ninguna organización de ningún partido”. A esta postura se ha sumado también el premier Alberto Otárola, quien aseguró recientemente que el involucramiento de Nicanor Boluarte en el Gobierno “es un mito”.
Lo revelado por el domingo, sin embargo, tiene muy poco de mítico. “Todo subprefecto que no quería llenar ficha [de inscripción del partido] o dar aporte económico ya estaba en lista roja para ser cesado en el cargo”, aseguró el dirigente Moisés Saavedra. Sea como fuese, es evidente que lo revelado hasta el momento es más que suficiente para que la ciudadanía se merezca una respuesta más clara de la presidenta.
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Todas estas revelaciones llegan poco después de que, la semana pasada, el programa Punto Final emitiera un reportaje sobre una contratación aparentemente irregular en el Ministerio de Vivienda, que presuntamente vinculaba a la ministra Hania Pérez de Cuéllar. Esta otra acusación, por otro lado, está lejos de ser la única sobre malas contrataciones en el Ejecutivo.
Lamentablemente, luego del retroceso en la seriedad y meritocracia en las contrataciones estatales que vivimos con Castillo, no hemos logrado regresar todavía al punto previo, al que habíamos llegado tras lustros de mejora. Se esperaba que el Gobierno de Boluarte cambie estas prácticas. Pero, hasta el momento, eso sí parece haber terminado siendo solo un mito.
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