ENFRENTAMIENTO. La semana pasada, el ministro del Interior Juan José Santiváñez lanzó una llamativa acusación contra la Fiscalía de la Nación: “el Ministerio Público resulta ser, en algunas oportunidades, enemigo de la policía”, dijo en RPP. También indicó que “el sistema está podrido por parte del Ministerio Público”, por lo que exhortó al Congreso a reformarlo.
La respuesta del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no se hizo esperar. El viernes pasado, este aseguró haber sentido “indignación” y “mortificación” por los comentarios de Santiváñez. Y a ello agregó que, en todo caso, desde la fiscalía preferían ser considerados así – “enemigos”– antes que como “los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar”.
Este nuevo enfrentamiento ocurrió –como también recordó Villena– en el contexto de que la fiscalía ha iniciado investigaciones Santivañez por el supuesto delito de abuso de autoridad. Inicialmente por el aparente intento de “controlar” a un periodista, pero este incidente podría crecer aún más si la fiscalía ahora investiga también la reciente acusación de la defensa legal del capitán PNP Junior Izquierdo, quien ha asegurado que la presidenta Dina Boluarte le exigió a Santivañez como requisito para ser nombrado que desactive a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
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Toda esta situación resulta bastante lamentable. En realidad, el rol de la fiscalía no es ser ni el amigo ni el enemigo del Ejecutivo, así como de ningún otro organismo público. Como lo exige el principio de separación de poderes, lo único correcto y que podría proyectar una imagen de institucionalidad hacia el exterior es que cada entidad se ciña a cumplir con su sus funciones y competencia. Esto último, en algunas circunstancias, puede llevar a que la fiscalía efectivamente investigue a miembros del Ejecutivo o del Congreso. Pero mientras existan elementos concretos para investigar (como en este caso) y no se trate de una acusación política, eso no debería interpretarse como un ‘ataque’.
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El Congreso, por su parte, haría bien en mantenerse alejado de este enfrentamiento y evitar presentar un proyecto de ley que juegue en pared con las intenciones del ministro. Y ya que hablamos del Congreso, este debería meditar con más cuidado la reciente propuesta de la congresista Martha Moyano para que el presidente de la República pueda ser suspendido hasta por 24 meses si enfrenta graves acusaciones, idea que varios constitucionalistas han cuestionado no solo por su dudosa constitucionalidad, sino por la evidente inestabilidad que un cambio súbito como ese podría traer en un país en el que el Legislativo no se suele caracterizar por utilizar con mesura este tipo de herramientas.
Urge que nuestros organismos públicos empiecen a poner al país al frente de sus intereses políticos. ¿Cuánto tendremos que esperar?
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