CORRUPCIÓN. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país por la falta de empleos adecuados o la subida de precios de diversos productos, estas no son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según un estudio realizado por Activa Perú, la corrupción es considerado el problema más grave.
No se trata de un problema nuevo. Desde hace varios gobiernos atrás, la corrupción resulta una característica inherente a las autoridades. Cada nuevo presidente, gobernador, alcalde o congresista asegura que no caerá en los delitos de sus antecesores y hasta pone a la lucha contra la corrupción como su bandera de campaña –incluso el 2019 fue nombrado como el Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad–, y aun así todos terminan siendo investigados por graves indicios de corrupción.
Lamentablemente, el Gobierno actual no es la excepción. Dada la pésima experiencia que como país se ha vivido, la Fiscalía, de manera adecuada, decidió no esperar hasta el final del Gobierno para investigar al presidente –una actitud que deberá mantenerse a futuro–, y los indicios son tan claros que ya se han abierto seis investigaciones contra Castillo, algunos de sus ministros, personas cercanas a él, e incluso varios de sus familiares.
Nadie espera que el mandatario reconozca los delitos que pudo o no pudo cometer, finalmente existe la presunción de inocencia. Pero si realmente considera que él no es culpable de los hechos que se están investigando, pues debería ser el primer interesado en que las investigaciones avancen y se descubra la verdad. Siendo así, tendría que colaborar mucho más con la Fiscalía y no ampararse en el silencio o en las respuestas evasivas.
Por su parte, el Congreso tampoco parece interesado en esta lucha contra la corrupción. No solo porque existen legisladores inmersos en diferentes investigaciones, sino que si bien se llenan la boca para criticar, al momento de tener que votar para tomar decisiones importantes, la mayoría prefiere mirar al costado. Ejemplo de ello es que se convocan ministros, pero no los censuran –aun cuando se les increpa con hacerlo, como hizo ayer el premier–.
Si los legisladores sienten tener un mandato de la ciudadanía y el presidente dice que escucha “al pueblo”, deberían entender que, incluso antes del tema económico, la lucha contra la corrupción tendría que ser su principal preocupación.