El último jueves, la jueza suprema Janet Tello Gilardi fue elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema y, con ello, del Poder Judicial. En ese sentido, sucederá en el cargo al actual titular, Javier Arévalo Vela, a partir de enero del 2025 y hasta fines del 2026.
Los retos de Tello al asumir una institución tan importante son, evidentemente, muy grandes. El Poder Judicial no es hoy una institución que goce de mucha confianza: según Ipsos (octubre del 2024), apenas un 22% dice confiar en este poder del Estado, mientras que el 77% afirma directamente no hacerlo. Solo el 1% no tiene una opinión firme.
Esto preocupa pues, para que una institución democrática como el Poder Judicial llegue a ser sólida, necesita de la confianza de la ciudadanía. Además, se trata del organismo clave para que puedan materializarse en la sociedad cuestiones tan básicas como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y una mínima predictibilidad de las reglas de juego. Sin esto último, es imposible que cualquier economía funcione. Menos aún que genere confianza para invertir.
Queda claro pues que la dimensión del desafío es superior a lo que pueda lograr cualquier persona que presida el Poder Judicial por sí sola. Menos aun cuando se trata de un cargo que la Ley Orgánica del Poder Judicial limita a tan solo dos años. Con ello y, considerando el nivel de discrepancias que suelen existir entre los jueces supremos, así como la falta de más incentivos claros en la ley o la Constitución que promuevan una mayor coordinación, lo que muchas veces termina ocurriendo es que los proyectos iniciados en una gestión, luego no son continuados por la siguiente.
Durante su campaña como candidata al cargo, la magistrada Tello destacó que sería trillado pensar en reformas del sistema de justicia que provengan desde fuera del Poder Judicial. Y, en efecto, tiene sentido pensar en que si existe un organismo llamado a liderar esta reforma, debería ser justamente el Poder Judicial. Por lo mismo, no obstante, las palabras de Tello también vienen cargadas de una gran responsabilidad.
No se espera que ella sola sea capaz, durante su breve gestión, de solucionar todos los problemas endémicos que aquejan a su institución. Pero, sin duda, tiene una oportunidad inigualable de jugar un rol importante en que la justicia del futuro empiece a verse diferente a la de hoy. La oportunidad de empezar a acostumbrarnos a un Poder Judicial que lidere propuestas de cambio serias e integrales. Que siente más precedentes sobre temas clave que reduzcan la impredictibilidad. Y que empiece a esforzarse con firmeza a, poco a poco, recuperar esa confianza de la sociedad que hoy se siente tan lejana.
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