La visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a Lima permitió identificar con claridad los temas que hoy dominan la agenda bilateral: crimen organizado transnacional, migración irregular e inversión. En una reunión, realizada el 7 de enero, con el presidente José Jerí, ambos coincidieron en que la delincuencia organizada opera más allá de las fronteras y en que la migración venezolana, originada en persecución política y deterioro económico, exige algún nivel de coordinación regional. Jerí respaldó este diagnóstico.
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Antes del encuentro, ya se había manifestado que se trataría el tema de un corredor humanitario regional que facilite el retorno de migrantes venezolanos en situación irregular. Incluso el mismo Jerí lo comunicó públicamente. Así, la idea no parecía del todo ajena a la posición que el propio Gobierno había expresado días antes, cuando habló de otorgar facilidades para el retorno. Sin embargo, esa aparente coincidencia duró poco. En una entrevista realizada el 9 de enero con CNN en Español, Jerí descartó el corredor, atribuyó la inseguridad interna a la migración irregular y a la debilidad del control fronterizo, y optó por una línea más restrictiva.
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El cambio fue rápido y superficialmente explicado. Lo que en una reunión oficial se presentó como una alternativa a discutir pasó a ser, en pocos días, una opción descartada por inconveniente. No hubo una explicación técnica adicional ni una evaluación pública de costos y beneficios. Hubo, más bien, un ajuste discursivo ante una propuesta cuyas implicancias no fueron debidamente calibradas ni antes, ni –al parecer– durante la reunión con Kast.
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Ese mismo problema, el del discurso errático, aparece fuera del ámbito diplomático. Punto Final dio a conocer el domingo pasado que el 26 de diciembre, Jerí sostuvo una reunión no registrada con un empresario chino en San Borja, a la que acudió de noche, usando el vehículo presidencial y cubriéndose el rostro. La explicación oficial – una conversación cultural, ningún asunto irregular– no aclaró por qué no se registró la reunión ni por qué se utilizaron recursos del Estado. El propio mandatario terminó reconociendo que el episodio podía generar una mala percepción.
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En ambos casos, el patrón es similar. Tras reuniones públicas o tras encuentros irregulares, los mensajes posteriores cambian, se corrigen o se justifican de manera distinta según el escenario. Esa forma de comunicar, más reactiva que consistente, debilita la posición presidencial frente a la opinión pública.
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El problema ya no es solo la decisión adoptada en cada caso, sino la incoherencia al no sostener un criterio claro. Un presidente no puede transmitir la sensación de que las decisiones se toman y se deshacen según la presión del momento. Cuando el discurso se ajusta constantemente, lo que se erosiona no es una medida específica, sino la autoridad misma del cargo.
