La democracia no solo exige que los votos se cuenten correctamente. Exige también que los ciudadanos sepan, en un plazo razonable, quién ganó. Sin embargo, el Perú parece haber normalizado algo que en buena parte de América Latina sería considerado una anomalía: esperar semanas para conocer oficialmente el resultado de una elección presidencial.
A pocos días de la segunda vuelta, la ONPE ha asegurado que su sistema informático superó pruebas de esfuerzo a nivel nacional, resistió cargas masivas de procesamiento, preservó la integridad de la información y demostró capacidad para enfrentar ataques cibernéticos. Algo similar también se aseguró en la primera vuelta. Esperamos que no hayan desagradables sorpresas.
Sin embargo, el problema ya no parece ser tecnológico. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha recordado que la proclamación de resultados no es inmediata y que puede demandar semanas debido a la revisión de actas observadas, controversias y nuevos procedimientos de recuento de votos. Más aún, la historia reciente muestra una tendencia preocupante: la proclamación presidencial tomó 11 días en el 2006, 18 días en el 2011, 23 días en el 2016 y 43 días en el 2021. Hoy, la expectativa oficial es que los resultados se conozcan en menos de un mes. Lo extraordinario se ha vuelto normal.
Compararse con otros países de la región es inevitable. En Colombia, pocas horas después del cierre de las mesas existe una tendencia prácticamente irreversible. En Chile, más del 60% de las mesas suele estar escrutado durante la misma noche electoral. En Argentina y Brasil, la ciudadanía conoce rápidamente quién ganó. El escrutinio legal continúa después, pero la incertidumbre política termina ese mismo día.
Aquí ocurre lo contrario. La votación concluye, pero la incertidumbre recién comienza. Durante días o semanas se acumulan impugnaciones, observaciones, apelaciones y controversias. En ese vacío prosperan rumores, teorías conspirativas, campañas de desinformación y acusaciones infundadas de fraude. Así, cuando la confianza se debilita, cada etapa del proceso se convierte en objeto de sospecha.
El sistema electoral peruano parece haber asumido que más procedimientos equivalen a más legitimidad. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que prolongar indefinidamente la incertidumbre no fortalece la confianza pública; la erosiona.
La transparencia y la rapidez no son objetivos incompatibles. Chile, Colombia, Argentina y Brasil demuestran que es posible ofrecer ambas. El desafío para el Perú no es elegir entre seguridad y celeridad. Es entender que una democracia moderna necesita las dos. Porque cada día adicional de incertidumbre no fortalece el proceso electoral: abre espacio para cuestionarlo.
