Golpe institucional

Autonomía. Desde el 2021, quedó claro el interés del Ejecutivo de tomar control en materia de reforma del transporte. No en vano una de las primeras medidas del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, fue despedir a la jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama, y tratar de hacer lo mismo con la jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Ambas cabezas las había ofrecido a los gremios de transportistas urbanos —junto a otras medidas que perjudicaban a los usuarios— a cambio de que se levantara un paro planteado para noviembre de dicho año.

En ese momento, fue evidente que no se cumplían ninguna de las causales establecidas en la ley para retirar del cargo al jefe de la ATU. Pero lo que no hizo entonces Silva, lo ha hecho ahora Paola Lazarte y el gabinete, quienes —a través de un decreto supremo— modificaron las causales para incluir la de “pérdida de confianza”;y en función a dicha causal, se despidió a la jefa de la ATU, María Jara.

LEA TAMBIÉN: Concesionarios: las medidas planteadas a la ATU para “salvar” a los corredores complementarios

Pueden existir diversas críticas a la labor que realizaba la ATU y a los escasos resultados mostrados en cuatro años, pero resulta “risible” que la ministra Lazarte defienda la decisión del Ejecutivo argumentando que “quieren robustecer a la ATU”. No se “robustece” una institución debilitando su autonomía. Permitir que el ministro de turno pueda despedir en cualquier momento al titular de la ATU lo pone en una situación muy precaria, sobre todo en un país donde los ministros duran, en promedio, menos de un año.

Lazarte ha repetido que no se trata de personas y desde estas líneas afirmamos lo mismo. Se trata del respeto a la institucionalidad y de reconocer que un tema tan delicado y con tantos grupos de interés como el transporte, requiere tener una autoridad independiente, técnica y con la capacidad suficiente para aplicar medidas impopulares y/o contrarias a ciertos intereses económicos sin temor a ser despedido. Ya en noviembre del 2021, Gestión se declaró en contra de los cambios que intentaron darse (08.11.2021) porque no respondían a criterios técnicos.

Uno de los mayores problemas del país es la falta de institucionalidad y, por el respeto a la misma, es de esperar que las acciones judiciales que lleve a cabo Jara rindan frutos, no necesariamente para que ella retorne al cargo, sino para que se deje sin efecto un decreto supremo que pone en riesgo cualquier intento serio de apostar por una real reforma de transporte.

LEA TAMBIÉN: ATU: Dan por concluida la designación de directores de infraestructura de la autoridad

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.