En retirada

Lamentablemente para el país, el enfriamiento de la inversión privada ya no es novedad, sino que se ha vuelto parte del panorama económico.

Y ya se están viendo las consecuencias: el deterioro de la confianza empresarial, que se agudizó desde que Pedro Castillo asumió la presidencia –debido al constante hostigamiento al sector privado–, se tradujo en menores oportunidades laborales adecuadas y en la caída del ingreso real, lo que resultó en el aumento de la pobreza monetaria.

El componente extranjero de la inversión privada fija parece ser el más perjudicado, pues según cifras el BCR, se contrajo nada menos que 50% en el primer trimestre de este año (la inversión privada total cayó 12%).

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Es que a la inestabilidad política y la convulsión social, que se agravaron en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre del actual, hay que agregar la perspectiva “negativa” que las agencias calificadoras han asignado al Perú, justamente a causa de esas dos mencionadas debilidades.

Otro factor que explicaría la retirada de capitales foráneos es el mal manejo de las protestas. La protección de la propiedad pública y privada fue desorganizada, tardía e ineficiente.

Y aunque miembros del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso pretendieron soslayar los informes de la CIDH y Amnistía Internacional, sí deben haber sido tomados en cuenta por directorios y accionistas de empresas que tienen operaciones en nuestro país (o pensaban tenerlas), por lo menos en compañías que funcionan en regímenes democráticos. Es lógico, por tanto, que muchas hayan preferido buscar destinos más estables y seguros para sus capitales, en los que las manifestaciones violentas no sean un riesgo latente.

¿Qué señales está dando el país para recuperar la confianza? El Gobierno ya ha demostrado que carece de capacidad de reacción. Los discursos y anuncios no surten efecto si no van acompañados de medidas adecuadas. Encima, el Congreso vuelve a dañar el entorno para hacer negocios.

Su Comisión de Energía y Minas aprobó la semana pasada un dictamen que, en la práctica, nacionaliza los lotes petroleros pues le encarga a Petroperú evaluar, determinar y seleccionar los “más convenientes”, entre otras prerrogativas.

Darle esa función a un mastodonte estatal que ha recibido US$ 2,250 millones de los contribuyentes para poder mantenerse a flote, ya que ha sido incapaz de gestionar sus recursos eficientemente, es otra prueba de que no se está respetando la estabilidad jurídica. No sorprende, entonces, que el capital extranjero nos esté borrando de su lista.

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