En defensa de las instituciones

ATAQUE AL PAÍS. Defender las instituciones pasa hoy por defender a los profesionales que las lideran. Como alertó Gestión en su portada del lunes, el Gobierno —a través del MEF— pretendía reemplazar a Lorena Masías, directora ejecutiva del Fonafe, por el exministro del Interior, Luis Barranzuela. Más allá de la distancia de las credenciales de ambos y de que el segundo, definitivamente, no está preparado para el cargo, la amenaza se instaló sobre las 35 empresas públicas que controla el Fonafe, cuyas posiciones de gerentes generales y miembros del directorio el Gobierno pretende copar. Y, para ello, Masías era un impedimento.

La advertencia se empezó a concretar ayer con la confirmación de que, por pedido del titular del MEF, Kurt Burneo, Masías le presentó su carta de renuncia. Desde Gestión, naturalmente esperamos que su reemplazo tenga la talla profesional de Masías, que ha sido presidenta de Agrobanco y de la Caja de Pensiones Militar Policial, superintendente de la Sunedu, superintendente de AFP de la SBS, y asesora del Fondo Monetario Internacional, sin contar su notable trayectoria académica. Pero los antecedentes del Gobierno —y la información de múltiples fuentes recabadas por Gestión— no son alentadores. La denuncia publicada por este medio pudo haber limitado las posibilidades de Barranzuela (ayer el MEF intentó confundirlo ante la opinión pública con el extitular del MTC, Juan Barranzuela), pero no elimina la posibilidad de que el Gobierno lo nombre —o nombre a otro sin las credenciales adecuadas—, pues sus acciones constantemente llevan a preguntarse si realmente su principal interés es el país. Con ello, el riesgo recaerá sobre el manejo de los S/ 21,917 millones de ingresos de las empresas públicas, que —con base en los antecedentes del Gobierno— pueden caer en manos de incapaces o corruptos.

Una amenaza similar recae sobre Servir y su presidenta ejecutiva, Janeyri Boyer. El objetivo es el mismo: la flexibilización de los requisitos y las evaluaciones de los nombramientos del Gobierno. Solo cambian los mecanismos: no ha sido la exigencia de renuncia —como en el caso Masías—, sino los intentos de controlar y debilitar la institución que, como lo ha escrito Boyer en Gestión, vela “por el mérito y la idoneidad”, y promueve “la integridad en los servidores públicos”. El Gobierno intentó adscribir a Servir al Ministerio de Trabajo, y luego conformó dos comisiones de distinta naturaleza —la primera le abrió paso a la segunda— para evaluar sus funciones y reformarla. El ataque a Servir y Boyer es permanente y amedrentador.

La consigna de Gestión —escrita hace 32 años— es “que ilustre y aporte opciones a los que diseñan políticas como a los que sufren los efectos de las mismas, para encontrar soluciones”. En esa línea, hoy nos toca defender nuestras instituciones frente al ataque del Gobierno, y llamar a los líderes políticos, intelectuales y empresariales a hacer lo propio. El riesgo es el de un daño profundo, difícil y largo de revertir.