La lucha contra la inseguridad no ha sido una prioridad ni de este Gobierno ni del anterior. Desde julio del 2021 hemos tenido 13 ministros del Interior, ninguno de los cuáles ha implementado alguna reforma importante que pueda mejorar la seguridad ciudadana.
Dicho esto, frente a una extendida sensación de inseguridad en la población, llama especialmente la atención que el Gobierno se mantenga en silencio frente a las crecientes acusaciones contra el actual ministro del Interior: Juan José Santiváñez. Hasta hace algunos años, por mucho menos se hubiese exigido su renuncia.
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Como se sabe, Santiváñez viene siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias en agravio del Estado. Ello en el contexto de haber supuestamente buscado obstaculizar la investigación contra Nicanor Boluarte, en su condición de viceministro y jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, con el aparente objetivo de ser premiado con su cargo actual.
Además de a estas luchas externas, Santiváñez también parece haberle dedicado tiempo a resolver sus diferencias internas. Primero, impulsando la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Y más recientemente, ha anunciado que pasaría al retiro a entre 600 y 800 policías por “renovación extraordinaria”, lo que ha despertado temores de influencia política.
Mientras tanto, el crimen organizado sigue afectando a miles de personas todos los días. Ayer, de hecho, se llevó justamente a cabo un paro convocado por transportistas afectados por la ola de extorsiones y atentados contra empresas de transporte. En un comunicado, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) exigió a las autoridades que “intensifiquen sus acciones y desplieguen los recursos necesarios en la lucha contra estos delitos”.
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Hace pocas semanas, en un conversatorio en el que estuvo presente Gestión, voceros de la minera Poderosa revelaron que la empresa ha tenido que invertir 10 veces más de lo que tenían previsto en seguridad, tras los ataques que han recibido.
Mientras siga al frente del sector un ministro que parece más preocupado por limpiar su propia imagen y por luchas políticas con la Fiscalía y con periodistas, es difícil pensar que algo pueda cambiar.
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