Tardó, pero era esperada. La embajada de Estados Unidos en el Perú emitió el viernes una alerta de seguridad por los robos a mano armada y de celulares en Lima. Aunque la alerta está dirigida a ciudadanos estadounidenses, sus recomendaciones para sobrevivir a un asalto o hacer frente a otros delitos, como las estafas, son útiles para todos. Pero su impacto no será nada positivo para nuestro país: turistas estadounidenses que tengan previsto viajar al Perú podrían comenzar a pensarlo dos veces, lo mismo que empresarios que exploran invertir o comprar productos peruanos.
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La inseguridad es un costo adicional que afecta a empresas y familias, y suele ser trasladado a las inversiones proyectadas y a los precios. En el caso del Perú, el BID estimó el 2017 que los costos del crimen se situaban en 2.8% del PBI (Gestión 30/09/2024), aunque habría que suponer que el incremento de la criminalidad en años recientes ha provocado que empresas y familias destinen más dinero a su seguridad. Con todo, ese porcentaje es mayor que la contribución a la economía de sectores como pesca, electricidad, gas y agua, así como telecomunicaciones, y se acerca a la de otros dos: alojamiento y restaurantes, y finanzas y seguros.
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También hay que tener en cuenta el “desvío” de recursos que el sector privado se ve obligado a realizar: más gasto en seguridad y menos inversión en mejorar el negocio o expandirlo. O peor que eso, dejar de lado planes de emprendimiento por temor a extorsiones o asaltos. Suele achacarse a la propia delincuencia la responsabilidad por esos costos y pérdidas, pero si esta se ha intensificado se debe a la pasividad de las autoridades, desde el Ejecutivo y el Congreso, hasta las encargadas de castigar el crimen y proteger a la población.
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Por ejemplo, los paros de transportistas, comerciantes y otros sectores golpeados por la delincuencia, que reclaman medidas efectivas para detenerla, representan una pérdida total de S/ 2,500 millones por día, según Pacífico Business School. El grueso de esas pérdidas recae en los propios empresarios que detienen sus actividades para protestar, pero no tienen otra alternativa ante la inoperancia del Gobierno.
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La presidenta Dina Boluarte quiso minimizarlos llamándolos “informales” –habrá que ver cómo reacciona al anuncio de un mecanismo de presión que afectará la caja fiscal: un paro tributario–. Y su primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha pedido que no haya marchas durante la cumbre de APEC, para no dar “un mal espectáculo”. En realidad, el protagonista del bodrio es este Gobierno.
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