Únete al canal de GestiónCONSECUENCIAS. Ayer publicamos en Gestión un informe especial sobre la situación de los conflictos sociales alrededor del país, en el que destacamos varios datos preocupantes. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo –la entidad pública que suele reportar con más periodicidad sobre los conflictos sociales–, solo en el último abril se registraron 225 conflictos sociales activos, mientras que, en mayo, se alcanzó los 223 casos. Para contraste, el pico máximo de conflictos activos al que se había llegado en los últimos 10 años había sido 217. Y, de hecho, durante la mayor parte de este periodo la cifra se mantuvo en menos de 200.
El panorama es aún más preocupante en lo que respecta al sector minero. De los 223 conflictos activos en mayo, el 67% estuvieron vinculados con actividades mineras. S i recordamos, además, que la minería representa más de 10 puntos porcentuales de nuestro PBI, queda claro por qué esto implica un riesgo grande para el futuro de nuestra economía.
Más aún, según los especialistas consultados para el informe, existen indicios de que los conflictos sociales podrían seguir aumentando en los próximos meses. En Las Bambas, por ejemplo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) viene evaluando la aprobación de una cuarta modificatoria al Estudio de Impacto Ambiental, con cambios que impactarán en unas 18 comunidades. El problema, no obstante, va más allá de solo el sector minero.
¿Pero cuánto puede sorprendernos realmente este alarmante crecimiento de los conflictos sociales? En realidad, solo podría sorprender a quien no haya venido prestando atención a la coyuntura política y social en los últimos años. En un país que vive en una inestabilidad política casi permanente, no debería sorprender que los conflictos sociales estén en aumento a la vez que ocurre lo contrario con nuestra capacidad de solucionarlos. Además, ¿cuánta esperanza puede haber en que la capacidad estatal para resolver estos conflictos vaya a mejorar pronto si se acaba de nombrar como defensor del Pueblo a un esbirro de Vladimir Cerrón sin ninguna experiencia relevante para las tareas que hoy debe cumplir?
Un país en crisis política permanente es, a la vez y por consecuencia, un país con poca capacidad real para preocuparse por resolver sus problemas de fondo. Si el Congreso y el Ejecutivo andan más preocupados por sus intereses de corto plazo antes que por construir institucionalidad y devolverle algo de confianza a la gente en el sistema democrático (por ejemplo, aprobando el adelanto de elecciones que cerca del 80% reclama), los conflictos sociales, como la minería y la tala ilegal, seguirán avanzando a paso firme. ¿Lograremos organizarnos para detenerlos a tiempo?
