SUNEDU. Al Congreso no le bastó con eliminar la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), contando para ese despropósito con el aval del Tribunal Constitucional. La carga contra la reforma universitaria está cubriendo todos los frentes posibles y uno de los ataques más severos –pues perjudicará la calidad profesional de los graduados– es la reinstalación del bachillerato automático, que tuvo una breve vigencia por la pandemia (también existió en el régimen de Fujimori). Esta especie de “fast track” académico elimina la obligatoriedad de sustentar un trabajo de investigación como requisito para recibir el grado de bachiller.
La Ley 31803, que decreta ese retroceso, siguió el camino que se ha vuelto usual: el proyecto de ley fue aprobado por el Pleno y enviado como autógrafa al Ejecutivo, que la observó y sustentó sus objeciones, pero de vuelta al Congreso fue aprobada por insistencia y promulgada. Se trata de otra muestra del flagrante abuso de poder que están ejerciendo los parlamentarios de casi todas las bancadas. Es que no sería acertado tildar el bachillerato automático de “populista”, ya que los supuestos beneficiados (los estudiantes) resultarán perjudicados a la larga, mientras que los interesados en su vigencia (universidades que no priorizan la rigurosidad académica) podrán utilizarlo como argumento publicitario.
Exministros de Educación que respaldaron la reforma universitaria, a pesar de los incesantes intentos de anteriores congresos por traérsela abajo, como Daniel Alfaro y Marilú Martens, han enumerado algunas de las serias consecuencias del bachillerato express: habrá un retroceso en la calidad de la educación superior, despojará a los estudiantes de la capacidad de formular opiniones críticas sustentadas, desincentivará la investigación académica y afectará la posición de las universidades peruanas en los rankings internacionales.
Lamentablemente, esperar que los proponentes del desmadre escuchen esos argumentos sería pecar de ilusos, pues no toman en cuenta criterios técnicos sino políticos. La lista de congresistas vinculados a universidades (licenciadas o de las otras) es extensa, como lo precisa nuestra columnista Denisse Rodríguez (Gestión 23/06/2023). Mención aparte merece la nueva gestión de SUNEDU, cuyo jefe, Manuel Castillo, ha dicho que la anterior era “draconiana y policiaca”, justo cuando la entidad está en proceso de renovación de licencias. Encima, el Congreso estaría urdiendo leyes a favor de las denegadas. Hay que estar en guardia.
