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PANDEMIA. Casi dos meses y medio después de las primeras informaciones sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud lo calificó ayer como pandemia debido a los crecientes casos de contagio en el mundo. Horas antes de este anuncio, el Gobierno declaró al país en emergencia sanitaria y emitió una serie de nuevas medidas para tratar de controlarlo. Entre las decisiones adoptadas está la suspensión de las clases escolares; el aislamiento sanitario para quienes ingresen provenientes de España, Italia, Francia y China, por 14 días; una transferencia de S/ 100 millones para el Ministerio de Salud (Minsa)y S/ 165 millones para la compra de kits escolares.
Las medidas adoptadas por el Gobierno, si bien son necesarias en algunos casos—como la cuarentena para el ingreso de viajeros de países con mayor riesgo o la transferencia al Minsa—, son algo tardías. Y requieren que el país confíe en la eficacia del Estado que hasta el momento no se ha visto.
El verdadero problema es que la llegada del coronavirus ha puesto en evidencia el descuido de varios gobiernos en materia de salud y sobre todo de agua y saneamiento —solo el 50.2% de peruanos accede a agua no contaminada y el 30.3% accede a una red de desagüe no compartida, además apenas el 31% de colegios tiene todos los servicios básicos—.
Pero frente a los hechos consumados es mejor mirar las oportunidades. Es el momento de retomar la necesidad de trabajar en la infraestructura básica donde agua y saneamiento son claves, pues son la base para la salud. No solo la educación importa, también la salud y eso lo hemos dicho en más de una oportunidad desde esta columna.
El coronavirus pone de manifiesto, de manera clarísima, la ineficiencia del Estado para resolver contingencias que lamentablemente hoy tienen características de pandemia a nivel mundial. Pero en lugar de solo criticar y lamentarse se debe dar un paso más y retomar el trabajo para cubrir la brecha de infraestructura básica en salud y en otros sectores.
No importa que este Gobierno esté casi de salida, el tema debe convertirse en una política de Estado y dejarse de lado la discusión ideológica que impide la participación privada. No se trata de privatizar o concesionar servicios, sino de encontrar la mejor manera de que el sector público aproveche el conocimiento de los privados, por ejemplo, con contratos de gerencia. Sin pánico, pero con acciones eficaces debe ser la meta para el Gobierno.
