CORRUPCIÓN. Según la última encuesta de Datum, el 96% de peruanos considera que el nivel de corrupción en el país es alto, una cifra que si bien va en crecimiento, no difiere mucho de los resultados de hace 5 años (94%). Esta certeza hace que la ciudadanía considere a este problema como su tercera preocupación –detrás de la situación económica y la delincuencia– (Gestión 14.08.2023). Sin embargo, eso no impide que un alto porcentaje sea tolerante a la misma (68%) según evidencia Proética en sus diferentes encuestas sobre Percepción de la Corrupción.
Sucede que la corrupción es una problemática que en mayor o menor medida involucra a todo el país. Y si bien ahora cuando se habla de corrupción se piensa en casos como Lava Jato, o todos los otros que involucran obras públicas y tienen como protagonistas a autoridades del Poder Ejecutivo o el Congreso, o en general lo que sucede en el Poder Judicial, los partidos políticos, la Policía o todos los niveles de gobierno, lo cierto es que la corrupción no solo es aquella que involucra grandes cantidades de dinero. Pagar a un policía para evitar una multa también es corrupción.
Lamentablemente, siendo un mal que afecta a todos los niveles de la vida pública y privada acabar con ella no es tarea sencilla. Una muestra evidente de eso es que aun los Gobiernos que enarbolaron la lucha anticorrupción como tema de campaña resultaron involucrados en la misma.
Respecto a los casos que implican a altas autoridades y empresas se han dado pasos para llevar adelante las sanciones correspondientes. Sin embargo, los procesos judiciales no avanzan a la velocidad que la ciudadanía espera, lo que genera una sensación de impunidad. Tampoco ayuda algunas resoluciones inexplicables de ciertos jueces, como lo sucedido ayer con el fiscal Vela pues, aunque exista una falta, la sanción de suspenderlo por ocho meses puede resultar excesiva, sobre todo cuando ya se han iniciado algunos procesos como el que se lleva adelante contra Alejandro Toledo por los presuntos sobornos para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
Si bien le corresponde al Estado dar señales claras de que está trabajando para evitar la impunidad, existe una labor pendiente por parte de los empresarios y la sociedad civil para redoblar sus esfuerzos, y evitar esta práctica tan perjudicial para el país.
