PETROPERÚ. La empresa estatal Petroperú se ha vuelto experta en aplicar el chantaje emocional para justificar sus urgencias de efectivo. Nuevamente, ha recurrido al argumento del riesgo de desabastecimiento de combustibles para solicitar al MEF un salvataje –aunque no usa ese término pues, a su entender, el problema no es su mal manejo sino factores exógenos–. Y para que el pedido parezca razonable, lo realizó a dos semanas de anunciar que la refinería de Talara ya opera al 100%, y a poco más de un mes de presentar su plan de reestructuración.
Los problemas de liquidez de Petroperú se acentuaron a medida que se prolongaba la construcción de la refinería. La obra se inició el 2014 –en ese entonces se aseguró que estaría lista el 2017– y su costo inicial era de US$ 1,300 millones, pero terminó costando US$ 5,995 millones. Las dificultades se convirtieron en crisis en el Gobierno de Pedro Castillo, con los nombramientos de funcionarios sin experiencia y, peor que eso, incompetentes, y que hoy enfrentan investigaciones por corrupción. El primer salvataje fue en octubre del 2022 y consistió en un paquete que incluyó S/ 4,000 millones de aporte al patrimonio de la estatal (alrededor de US$ 1,000 millones en esa época).
Ese monto fue consignado en las cuentas nacionales como “gasto de capital”, aunque es evidente que fue más gasto que capital. En total, Petroperú recibió una inyección equivalente a US$ 2,250 millones. Hoy, la urgencia de dinero fresco es mucho mayor: equivale a cerca de US$ 3,200 millones, incluido un aporte de capital de S/ 5,573 millones, que, según Comex Perú, quintuplica el presupuesto de Pensión 65 o casi triplica el de Qali Warma. A diferencia del año pasado, cuando no se enfrentaba serios obstáculos presupuestales y no había que reservar fondos para lidiar con El Niño global, este año, la recaudación tributaria caerá y ese fenómeno climático ya es una certeza.
El titular del MEF, Álex Contreras –quien era viceministro de Economía cuando se aprobó el primer salvataje–, ha declarado que “no hay espacio para capitalizar a Petroperú, así se quisiera, y estamos al límite de la regla fiscal”. Eso significa que, si se transfiere más fondos a la petrolera, se pondrá en riesgo la meta de déficit fiscal para este año (2.4% del PBI). Encima, Petroperú quiere operar tres lotes en Talara, pese a que hay interés de compañías solventes. Es decir, no tiene para sobrevivir, pero quiere gastar más. ¿Qué urgencia de gasto priorizará el Gobierno, el de protección o el de desperdicio disfrazado de inversión pública?
