INVERSIÓN. La promoción de la inversión en megaproyectos de infraestructura ha tenido varios cambios en décadas recientes. El primero, cuyo objetivo fue mejorar el atractivo de esas obras, mediante la participación del Estado en su financiamiento, fue el esquema de asociación público-privada (APP). Pero la introducción de numerosas adendas a los contratos de concesión, más la corrupción que en ocasiones estaba detrás de esas modificaciones, propiciaron la introducción de la oficina de gestión de proyectos (PMO).
Este esquema funcionó en la construcción de las instalaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2019 –incluida la Villa Panamericana–, pero no tuvo los mismos resultados en la Reconstrucción con Cambios, así que se aplicó otro cambio: el esquema Gobierno a Gobierno (G2G), que no ha podido levantar vuelo, entre otros motivos, por dificultades de coordinación con gobiernos subnacionales. En estos dos casos, el financiamiento corrió por cuenta del Estado, pero en vista que los recursos fiscales también son necesarios para inversión pública en otras obras, además de los megaproyectos, había que pensar en un mecanismo que incluyese inversión privada.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha planteado la creación de un fideicomiso. Su titular, Alex Contreras, en entrevista con Gestión (publicada ayer martes), explicó que ese esquema consistirá en la colocación de un capital contra el que se emitirá una deuda garantizada con los flujos de efectivo que genere el megaproyecto. El ministro agregó que la idea es que dichos flujos paguen “buena parte” de la deuda que emita el fideicomiso, “y el resto con la garantía del Estado”. Se tratará, según comentó, de un híbrido raro entre una APP y una obra pública.
Es claro que se necesitan más detalles para que los expertos puedan analizar las bondades y debilidades del nuevo esquema –el uso de flujos de efectivo, que son activos financieros que pueden servir como garantía para la emisión de bonos, ya está extendida en el mercado financiero internacional–. Si el fideicomiso es gestionado de manera eficiente, podría contribuir con cerrar la brecha de infraestructura, que a corto plazo suma S/ 117,000 millones (a largo plazo, S/363,000 millones). Y ese es el principal reto, pues los otros esquemas no llegaron a rendir los frutos esperados precisamente porque no fueron bien manejados. También habría que pensar en un mecanismo que evite que la ejecución de los proyectos sufra tantos retrasos, que a veces suman años, como en la Línea 2 del Metro, o peor que eso, terminen trabados
