ELECCIÓN. El Tribunal Constitucional (TC) cuenta hoy con solo seis magistrados de los siete que exige la ley, luego del lamentable fallecimiento de su expresidente Augusto Ferrero Costa en julio pasado. Por ello, el Congreso de la República viene siguiendo un nuevo proceso de selección, para designar al reemplazante de Ferrero.
Ha sido en este marco que, el martes por la tarde, el congresista José Elías Ávalos, de la bancada de Podemos Perú, quien había sido designado presidente de la comisión especial para la selección del nuevo magistrado, presentó su renuncia irrevocable a dicho cargo. Ello luego de que esta comisión decidiese rechazar por mayoría informes que recomendaban excluir del proceso a tres de los candidatos por supuestamente haber omitido información en sus declaraciones juradas.
La decisión deja a la comisión momentáneamente a cargo de su vicepresidenta, Rosselli Amuruz de Avanza País, quien recientemente ha sido cuestionada al interior del parlamento. Sin embargo, eventualmente el Congreso deberá elegir a un reemplazante para Elías.
Como ha ocurrido tantas veces en el pasado, la motivación invocada por Elías para renunciar da a entender que él no considera que el actual proceso se esté llevando de forma justa y transparente. De hecho, ha expresado públicamente su extrañeza por “la rapidez y prontitud con la que los postulantes tomaron conocimiento de sus observaciones y exclusiones sin ser notificados ni haberse apersonado ellos a seguir su proceso”. Y ha dicho también que todo lo ocurrido lo ha dejado “muy dolido”.
Más allá de quién tuviese la razón en este caso particular, lo que queda claro es que otra vez parece estarse dando un problema que viene arrastrando nuestro Congreso prácticamente desde la creación del TC con la Constitución de 1993: la contaminación del proceso de selección de magistrados, que debería guiarse por criterios técnicos, con intereses políticos. Basta sino recordar que en casi todas las conformaciones que ha tenido el TC ha habido magistrados cercanos a partidos, algunos incluso militantes.
En lugar de buscar a los mejores constitucionalistas del país, nuestros congresistas se han acostumbrado a buscar a los constitucionalistas más cercanos a sus propias ideas. No solo quieren nombrar, quieren copar. Pero en un país en donde las elecciones son tan volátiles, haber normalizado esta práctica es un disparo a los pies en el largo plazo, pues la conformación del máximo intérprete de nuestra Constitución depende del resultado de la más reciente elección congresal. Y eso debilita la seguridad jurídica, pieza clave para exista confianza y salud económica en cualquier país.
Si queremos proyectar confianza como país, debemos asegurar que la selección de magistrados del Tribunal Constitucional siga criterios técnicos y ya no políticos. ¿Cuándo nos daremos cuenta?
