INSTITUCIONALIDAD. Hace algunas semanas comentábamos en este espacio que era importante que el acalde de Lima, Rafael López Aliaga, actúe más acorde con la responsabilidad que corresponde al cargo que hoy ocupa y menos como un candidato, en lo que respecta a su disputa con Rutas de Lima por los peajes bajo su administración (Gestión 31.10.2023). Es decir, que deje insultar y usar otros adjetivos fuertes para descalificar al mencionado consorcio y, en vez de ello, que empiece a preocuparse por buscar salidas pragmáticas que impliquen algún alivio para los vecinos afectados, pero respetando el marco del contrato.
Pues bien, quien ya desde hace algún tiempo se había sumado a esta lamentable cruzada del burgomaestre limeño contra la seguridad jurídica y el respeto al artículo 62 de la Constitución es el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. En julio, Gutiérrez había dicho en Willax que “un contrato que nace bajo las condiciones perversas de perjudicar al país, no existe como tal”, por lo que concluyó que este era “nulo”. “Es como el violador, que viola a alguien y usted dice bueno lo violó, pero como no tiene sentencia, entonces que siga violando; entonces como no hay sentencia firme (...), que le sigan cobrando a los peruanos por el paso ilegal de un peaje” (sic), argumentó entonces el defensor.
Recientemente, supimos esta semana que la Defensoría, a través de su adjuntía de Asuntos Constitucionales, ha emitido un informe para el Tribunal Constitucional en el que destaca cómo la creación y permanencia de un peaje en Puente Piedra afecta distintos derechos fundamentales. Sin duda, de ser así –como presumiblemente ocurre– resultaría una situación muy preocupante. No obstante, preocupa también notar que la Defensoría no haya destacado con similar firmeza que cualquier salida debería negociarse respetando el contrato. Después de todo, dañar la seguridad jurídica también perjudica al pueblo en el largo plazo.
Más que una defensa sincera del interés público, la Defensoría parece estar respondiendo al llamado de López Aliaga la semana pasada, para que Gutiérrez solicite la nulidad de estos convenios. No extrañaría que sea así, además si recordamos que el defensor debe su elección a este Congreso, en el que Renovación Popular tiene una influencia importante (aunque su bancada no votó por Gutiérrez).
El gran problema, claro está, es que lo único que logrará la Defensoría al unirse a esta pelea populista y sin posibilidad de victoria del alcalde es crear un falso sentido de esperanza en mucha gente. Uno que, tarde o temprano, se convertirá en decepción, rabia y un arbitraje que seguramente perderemos. Si esta es la forma en la que el defensor pretende ‘ayudar’, mejor que se ahorre el esfuerzo.
