La ley que aprobó el séptimo retiro de hasta 4 UIT de las AFP está ya en vigencia. Ello pues, como había adelantado un día antes el ministro de Economía, José Arista, el Gobierno de Dina Boluarte decidió no ejercer su derecho a observar la ley, por lo que esta fue publicada ayer en El Peruano.
Que el Gobierno no observe esta norma ha llamado la atención sobre todo porque, desde que asumió el cargo, Arista había llegado al MEF con un discurso de austeridad y cuidado del equilibrio fiscal. Y, de hecho, tanto el propio Arista como el MEF institucionalmente se habían pronunciado específicamente en contra de un séptimo retiro.
Más allá del daño que ya hemos comentado (Editorial del 26/03/2024) que esta norma le hará en el mediano y largo plazo al sistema privado de pensiones –y, con ello, a todos los peruanos–, quizá el otro aspecto más lamentable de esta historia ha sido cómo ha servido para confirmar una vez más la debilidad institucional del MEF actual. Debilidad que se había agravado durante la gestión de Alex Contreras y que, en un inicio, se tenía esperanza de que Arista empiece a frenar. Sus respuestas ante los cuestionamientos por esta decisión del Ejecutivo, sin embargo, han dejado claro que este no viene siendo el caso.
Durante una entrevista con RPP, Arista explicó que el Ejecutivo no observó la norma porque no quiso “que se vea que hay un enfrentamiento entre Ejecutivo y el Congreso”. Además, agregó que consideraban que se trataba de batalla “ya casi perdida”, por lo que preferían guardar fuerzas para otras batallas. La pregunta que salta a la vista, no obstante, es cómo así considera el ministro que esta decisión fortalece la posición del MEF para la próxima oportunidad en que el Congreso apruebe por mayoría una norma populista que afecte la economía.
Si esta vez el MEF, pese a enviar informes sustentando técnicamente su rechazo –al igual que lo hicieron el BCR y la SBS– e incluso el propio ministro se pronunció en contra, luego se mantuvo totalmente pasivo y admitió que lo hizo básicamente porque consideraban que no podían hacer nada, ¿qué nos hace pensar que sí podrán hacer algo la próxima vez? ¿Cómo así ahora frenarán iniciativas como la que plantea otorgar beneficios tributarios a las peluquerías o tantas otras normas similares que tiene en agenda este Congreso?
En tiempos no tan lejanos, el MEF se percibía como una institución respetada y capaz frenar los arranques populistas de otras instituciones públicas. Que hoy tenga que hacer malabares para tratar de convencernos de que este retroceso no está ocurriendo, cuando sus acciones más bien muestran lo contrario, nos sugiere que esos tiempos parecen haber quedado atrás.
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