Editorial de Gestión. El Congreso debería dejar de mirar hacia el costado y derogar los cambios realizados por el Ministerio de Trabajo.
Editorial de Gestión. El Congreso debería dejar de mirar hacia el costado y derogar los cambios realizados por el Ministerio de Trabajo.

INSTITUCIONALIDAD. En febrero de este año, el dictó un decreto supremo que modificó la ley de tercerización. A pesar de que esta decisión tenía la opinión en contra del Ministerio de Economía, el Gobierno la modificó, y si bien desde el mes de julio el Congreso tiene listo para su votación en el pleno un dictamen para derogar dicho decreto –a pesar de la importancia del tema–, hasta el momento no lo han votado, por lo que la norma emitida entró en vigencia a fines de agosto.

Desde diversos sectores se ha dejado en claro que la norma no solo desnaturaliza la ley de tercerización y la Ley General de Minería, sino que afectará tanto a los trabajadores contratados bajo esta modalidad como a las empresas que la usan, y no solo se trata del sector privado. ¿Será interesante ver cómo actuarán las empresas de servicios como Sedapal o Petroperú para poder llevar adelante sus labores?

Frente a esta situación, un grupo de empresas decidió acudir a la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi, no solo porque la norma no se prepublicó para recibir comentarios sino porque este decreto va más allá de lo que establece la ley. Sin duda, es una medida que el Ministerio de Trabajo no se esperaba, a tal punto que el ministro Salas declaró que “Indecopi no puede interferir en asuntos laborales, ya que tienen otra instancia de verificación”, olvidando que son los ciudadanos lo que eligen la mejor forma de hacer valer sus derechos.

Sin embargo, demostrando que se trata de un organismo con autonomía técnica, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró como barrera burocrática los cambios realizados por el Gobierno, mientras que la Sala Especializada no solo ratificó la medida cautelar establecida en la primera instancia, sino que de oficio le ha ordenado a la Sunafil abstenerse de fiscalizar este tema hasta que se tenga una sentencia final.

Si bien es de saludar que todavía existan espacios como Indecopi, donde el rigor técnico no haya sucumbido a los intereses políticos, es necesario estar atentos para que la meritocracia y los criterios de carrera se mantengan, sobre todo porque en algunos meses empezarán a vencer los mandatos de algunos miembros de las Salas especializadas del Indecopi.

Finalmente, el Congreso debería dejar de mirar hacia el costado y derogar los cambios realizados por el Ministerio de Trabajo.