Seguridad y reforma

CAMBIOS. Antes que la pandemia del COVID-19 llegara al país, la seguridad ciudadana era la mayor preocupación de la población, y si bien por algunos meses el tema fue relegado, poco a poco se volvió a sentir la inseguridad en la que vive la ciudadanía. Se trata de un tema con muchas aristas, pues su solución pasa por mejorar la labor de la policía y el serenazgo (como un apoyo más cercano a los vecinos), pero también por conseguir que la Fiscalía y el Poder Judicial sean más eficaces.

Lamentablemente, entre las debilidades que la pandemia puso en evidencia figura la precariedad institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuya reforma ha vuelto a sentirse como una gran urgencia. Tanto que apenas llegó a Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti señaló que se daría inició a dicha reforma. Pero con tanto cambio en el Ministerio del Interior (Mininter), la tarea parece casi imposible. Tampoco ayudó hacer el anuncio sin haber dado una mirada al interior de la institución, de haberlo hecho pudieron saber que ya existía en marcha la preparación del Plan Estratégico de Capacidades de la PNP al 2030 “Mariano Santos Mateos” (MS30), que fue elaborado el 2019 con la participación de expertos, organizaciones de la sociedad civil y técnicos de la PNP.

Debido a ello, a cuatro meses de dejar el gobierno casi nada se ha avanzado. El cambio de presidente tampoco da ninguna esperanza. Los planes de gobierno de los partidos que lideran las encuestas recurren a lugares comunes, más alguna medida que podría servir como “gancho” para ganar votos, lo que evidencia que no han estudiado a fondo ni el problema ni los intentos de solución ya existentes. Por ejemplo, uno indica que implementará “como pena accesoria a la cárcel, la castración química” para violadores de niños y mujeres, y que encarará el problema de la delincuencia común “en los primeros seis meses”, con medidas diferentes a las que se han venido aplicando.

Otro, más a la derecha, asegura que derrotará la delincuencia común, el pandillaje y la microcomercialización de drogas vía unas “unidades itinerantes de pacificación ciudadana”, además de inteligencia y agentes encubiertos”, y que aumentará la capacidad “disuasiva” de las Fuerzas Armadas. Hay planes que contemplan la meritocracia para los ascensos o la reestructuración del sistema carcelario, aunque lo que más resalta es el uso de verbos como “fortalecer”, “reforzar” o “impulsar”.

Entre las omisiones, figuran acciones para encarar la desaparición de personas o la seguridad en áreas rurales, por ejemplo, ante invasiones, actividades ilegales o amenazas a líderes indígenas (nueve asesinados en los últimos dos años). En suma, los candidatos no la tienen muy clara.