Editorial de Gestión. Deben darse acciones concretas que permitan aplicar lo último en tecnología para proteger los datos que posee el Estado. (Foto: Pixabay)
Editorial de Gestión. Deben darse acciones concretas que permitan aplicar lo último en tecnología para proteger los datos que posee el Estado. (Foto: Pixabay)

FUGA DE DATOS. Marushka Chocobar, secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM, acudió ayer al Congreso para explicar cómo se dio la filtración de datos puesta en evidencia por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la semana pasada. Sin embargo, durante su presentación, solo repitió lo que ya había adelantado el fin de semana: que aún no hay respuestas, pues se está investigando, pero que de ninguna manera la vulneración de la seguridad digital vendría de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), administrada por la SGTD, tal como afirmó el Reniec, pues ellos no almacenan datos.

Si bien es claro que se requiere un proceso de investigación para determinar las responsabilidades, es preocupante que a una semana de conocida la información no pueda existir al menos un indicio claro de desde dónde se dio la filtración. También preocupa que las entidades del Estado estén más interesadas en salvar su responsabilidad que en encontrar la raíz del problema.

La respuesta del Gobierno ante este hecho ha sido anunciar la creación de la “Unidad funcional de confianza digital”, “para fortalecer el rol rector de la PCM en temas de seguridad y confianza digital, así como acelerar y consolidar lo que ya se ha venido trabajando”. Bajo esa premisa, la creación de esta unidad solo se entiende como una medida para “lavarse la cara”, pues sería lo mismo que ya viene haciendo la SGTD. Lo que realmente se necesita es fortalecer el trabajo que viene haciéndose con la mesa técnica para fortalecer la confianza digital, en la que también participan Asbanc, Comex y las empresas de telecomunicaciones, pero traduciéndolo en acciones concretas que permitan aplicar lo último en tecnología para proteger los datos que posee el Estado. No se puede esperar que cada entidad pública por su cuenta “deba encargarse de preservar los datos que custodian de la ciudadanía”, tal como dice Chocobar.

No basta con pedirle a cada peruano que sea cuidadoso con la información que brinda o con las claves que usa, si desde el Estado no se protege toda la información personal que poseen las diversas entidades, y no es una labor que corresponda a cada una de ellas, pues no todas cuentan con el presupuesto o el conocimiento adecuado para hacerlo. En una época en que la vida digital no solo es una realidad, sino que además se busca fomentarla, es indispensable que desde el Estado se ofrezcan las garantías necesarias para dar la mayor tranquilidad respecto a la seguridad con la que se manejará la data generada. En esta tarea es necesario que el Estado mire al sector privado para recoger las mejores experiencias.


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