Responsabilidad evidente

DAÑO ECOLÓGICO. El derrame de 6,000 barriles de petróleo en la costa por parte de Repsol es la mayor afectación generada en el país en lo que va de su historia. Hasta el momento no existe evidencia de tal volumen de derramen en un solo evento y, sin embargo, nadie se hace responsable de lo sucedido.

La empresa Repsol optó por enviar a su gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales para dar explicaciones que no convencen y para desconocer su responsabilidad, olvidando que en el Perú la responsabilidad ambiental es objetiva. Así, quien está a cargo de una actividad que es ambientalmente peligrosa o dañina asume la responsabilidad, exista o no exista dolo.

Más allá de las declaraciones dadas por Repsol, los hechos muestran que o no cuentan con un plan de contingencia o el que tienen es insuficiente, pues no poseen la capacidad para monitorear un evento de tal magnitud. Eso explica por qué en su primer reporte hablan de un “incidente” y un derrame de apenas 0.16 barriles, y no es hasta la mañana del domingo donde cambian el contenido de sus comunicaciones. Otro aspecto que deja mucho que desear y debe ser evaluado por las autoridades, es el equipo con el que cuenta la empresa para hacer frente a estos derrames (barreras de contención, tanques flotantes, selladoras de playa y desnatadoras -skimmer). ¿Tienen equipos de respuesta suficientes?

Pero si bien las luces están puestas en la empresa, tampoco hay que dejar de analizar el comportamiento de los organismos del Estado. La OEFA debería poder fiscalizar rápidamente la información que recibe de las empresas. Frente a la minimización del problema por parte de Repsol, su titular, Miriam Alegría, reconoció que fue a través de las noticias y las redes sociales que pudo conocer la real dimensión del daño. Pero, además, el actual Gobierno no se ha dado a la tarea de nombrar a alguien para un cargo de tal responsabilidad, pues Alegría está solo como encargada del puesto, evidenciando su falta de claridad en la política ambiental. Aunque lo cierto es que esta falencia viene desde gobiernos pasados. Solo eso explica por qué mientras la OEFA puede establecer multas de hasta 30,000 UIT, Osinergmin tiene como tope 600 UIT.

A nivel empresarial, hasta el cierre de esta edición, tres gremios se han pronunciado, y la SNMPE, de acuerdo con el código de conducta gremial, ha iniciado un proceso interno a Repsol, cuyo resultado no debería dilatarse para darlo a conocer y así gane legitimidad su decisión. Pero, además, la responsabilidad de Repsol debe ser un llamado de alerta también para otras empresas, las que deben evaluar si cuentan con adecuados planes de emergencia para hacerle frente a un desastre, pero también para que las autoridades reconozcan la necesidad de cambiar su forma de control. Quizás lo adecuado sería empezar a realizar simulacros donde se pongan a prueba los planes de contingencia, más allá del papel.