Repensando el tribunal

Institucionalidad. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) publicó varias sentencias importantes, no solo relevantes para los actores involucrados, sino para todo aquel que pueda eventualmente verse involucrado en situaciones similares en el futuro.

Entre estas sentencias, destacó aquella que rechazó el hábeas corpus de Martín Vizcarra para intentar ser nombrado congresista; la que declaró fundado el hábeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su condena por el caso “Aeródromo Wanka” y que este vuelva a segunda instancia (aunque Cerrón sigue prófugo y con mandato de prisión por otros casos); la que acogió el pedido de José Chlimper para anular su denuncia por el caso Cócteles; y la queja declarada fundada en favor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, para que el fondo de su caso pueda ahora ser revisado por el TC. Esto, solo por mencionar algunos ejemplos.

Como puede apreciarse en estos casos, parte del rol del TC es justamente tomar decisiones imparciales en disputas con vínculos políticos tan claros. Y un punto que muchos de nuestros políticos no parecen entender es que la única forma en que un organismo tan importante gane la confianza de la ciudadanía –y de los mercados– es que no sea utilizado como arma política de las mayorías coyunturales de cada Congreso.

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No ha sido un problema exclusivo de este Parlamento el que se elijan conformaciones del TC dándole mucho más peso del que sería razonable al componente político (es decir, a qué tanto coinciden los futuros magistrados con las visiones políticas de las mayorías congresales de turno), muchas veces en desmedro del componente técnico. Pero no hay duda de que este Congreso lo ha repetido. Y eso resta confianza. No podemos seguir cometiendo este error. El TC es una institución demasiado importante como para no darnos cuenta –tras tantos experimentos fallidos– de que nuestro diseño constitucional debería protegerlo más de la influencia política de un solo periodo congresal.

¿Cómo logramos eso? Hace poco, aunque es difícil pensar que esto se haya hecho en todos los casos por los mismos motivos institucionales, se propuso una iniciativa en el sentido correcto: elevar el número de magistrados. Sin embargo, si lo que se busca es elevar la confianza en la institución, no sería lo ideal que si esta reforma se aprueba, también sea este Congreso el que elija a los nuevos magistrados.

Un número mayor de magistrados, como ocurre en la mayoría de países de la región, podría dividir mejor el poder en el TC. Pero junto con esta reforma, tendría que aprobarse otra que obligue a que la elección de los miembros sea escalonada, para evitar que este organismo pueda ser “capturado” por un solo Congreso. Es en esa dirección que debemos avanzar si lo que se quiere es fortalecer la institución. Y generar más confianza.

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