Editorial de Gestión. Es un grave error otorgar el control del Consejo Directivo de la Sunedu a representantes de las propias entidades regulada. (Foto: Archivo El Comercio)
Editorial de Gestión. Es un grave error otorgar el control del Consejo Directivo de la Sunedu a representantes de las propias entidades regulada. (Foto: Archivo El Comercio)

EDUCACIÓN. Si bien ya había adelantado el sentido de su fallo hace dos semanas, finalmente anteayer el publicó la sentencia que ratificó la constitucionalidad de la reciente ley que introdujo cambios a la Ley Universitaria, incluyendo modificaciones al Consejo Directivo (CD) de la . La ley es la misma contra la que este diario se pronunció en mayo pasado, cuando aún no se había publicado y que, como advertimos entonces, elimina la obligación de seleccionar a la mayoría de miembros del CD de la Sunedu por concurso público de méritos e incorpora al mismo a tres representantes de las propias . Con ello, ahora las entidades reguladas serán “juez y parte”, pues “decidirán tanto en el licenciamiento universitario para las universidades públicas y privadas, como en la creación de filiales y sedes” (Gestión, 05/05/2022), más aún considerando que las universidades tendrán tres de los seis sitios que elegirán al superintendente, quien sería el séptimo integrante del CD (los otros tres serían un representante del Concytec, uno del Sineace y otro del Minedu).

Es como si se hubiese decidido que los bancos, seguros y administradoras de pensiones tengan a partir de mañana tres de siete sitios en el directorio de la SBS. Y que otro de los sitios lo ocupará un superintendente elegido por los otros seis miembros. ¿Se imagina la influencia que tendrían en ese caso las propias entidades reguladas sobre qué hace y quién dirige a su organismo regulador?

El conflicto potencial no podría ser más claro. Lamentablemente, el TC no lo vio así y, más bien, consideró que no hay problema si se asume que los representantes de las universidades se convierten en “miembros independientes y neutrales” al asumir su función pública, porque la ley dice que ese es su deber.

Hay quienes justifican este cambio en una supuesta inacción de Sunedu, pero esas críticas no se corresponden con la realidad de una reforma aún en marcha y que sí ha mostrado avances concretos. La César Vallejo, por ejemplo, tras implementar varias mejoras mínimas (como en temas de infraestructura y cierre de varios programas), solo ha logrado hasta ahora un licenciamiento condicional hasta el 2023. Para mantenerlo debía seguir sustentando varias mejoras concretas, pero ahora las universidades que se opongan a estos cambios podrán tener literalmente una voz en el directorio.

Si la preocupación de quienes impulsaron esta ley era lograr una mayor autonomía de la Sunedu para así blindarla de ser capturada por grupos de interés, los cambios aprobados han ido en la práctica en dirección opuesta.