DIÁLOGO. Las acciones que tomó el gobierno de Dina Boluarte para hacer frente a las protestas violentas y los desmanes fueron criticadas por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Pero esa opinión no llamó mucho la atención en el Ejecutivo –mucho menos en el Congreso–, pues ni siquiera se tomó en cuenta un pedido expreso de los gobernadores: reunirse con la mandataria para plantearle sus puntos de vista sobre la situación. Quién mejor que ellos para conocer la realidad de sus departamentos y poder plantear soluciones alternativas a la crisis.
La inestabilidad política que el país sufre –estos días se vive una tensa calma, aunque aún hay manifestaciones en muchos lugares– ha puesto en envidencia, una vez más, el perjudicial centralismo en la toma de decisiones que afectan a todo el Perú. Por ejemplo, el Ejecutivo habría consultado a especialistas en seguridad radicados en Lima, lo cual es razonable, pero pasó por alto a los del interior del país, empezando por los propios gobernadores. Esto no es sorpresivo: los sucesivos gobiernos han tomado por costumbre dejarlos de lado. De hecho, el proceso de descentralización, que ha cumplido 20 años, sigue siendo endeble y está plagado de condenados e investigados por corrupción, en buena parte porque fue concebido desde Lima.
En lugar de convocar a los gobernadores que están de salida, con cuatro años de experiencia en sus jurisdicciones, la presidenta Boluarte invitó a los que han sido electos –los de Apurímac y Cusco declinaron la invitación por su desacuerdo con las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, entre otros motivos–. Como movida política podría ser acertada, pues la mandataria necesita contar con aliados para enfrentar los embates de un Congreso impredecible, estrategia que le fue útil por un tiempo a Martín Vizcarra. Pero si les hubiese tendido la mano a los gobernadores salientes, habría podido afrontar la crisis con cierto respaldo, y evitar parte de los daños causados a las economías departamentales.
Si los gobernadores han sido ignorados por las autoridades en Lima, lo mismo se puede decir de los empresarios del interior. Empresas de muchos sectores y de todo tamaño han sido afectadas, desde las agroindustriales y los comercios –en este caso, la peor parte la llevan las pymes–. Las más perjudicadas serían las turísticas. Es muy fácil ahuyentar visitantes, pero muy difícil volver a atraerlos. ¿Ya se reunió el Mincetur con los representantes de ese sector? ¿Cancillería ha respondido a las advertencias que muchos países han hecho a sus ciudadanos de no viajar al Perú?