CON RESPONSABILIDAD. El miércoles, el Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de Corpac (Sineacor) anunció la convocatoria a una huelga nacional de 48 horas durante los días 13 y 14 de noviembre, fechas en las que estarán en Lima los mandatarios de los países miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico APEC. Ello con el objetivo de exigir el pago de bonos acordados en arbitrajes que Corpac perdió frente a sus sindicatos.
La noticia ha causado preocupación entre representantes de varios gremios y sectores económicos, sobre todo luego de que ayer, por presión de un grupo de controladores del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta), un aumento de la separación entre vuelos aplicado por Corpac dio lugar a un caos en el aeropuerto Jorge Chávez. En total, cerca de 51 servicios aéreos tuvieron que ser cancelados y/o reprogramados, y más de 3 mil pasajeros nacionales y extranjeros se vieron afectados.
El anuncio del Sineacor se suma, por supuesto, a otras convocatorias a protestas durante las mismas fechas, aprovechando la coyuntura del APEC. El Comité de Gremios de Transportistas del Perú de la Coordinadora Nacional de Lucha, la Alianza Nacional de Transportistas y la Confederación General de Trabajadores del Perú ((CGTP), además de diversas organizaciones estudiantiles, ya habían anunciado su intención de protestar desde antes que el Sineacor.
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Por supuesto, el derecho de protesta y la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia, y es legítimo que existan protestas contra el Gobierno, el Congreso y otros organismos públicos que no estén cumpliendo adecuadamente con su rol. Es en ejercicio justamente de esa libertad de expresión que en esta misma página criticamos con frecuencia las que consideramos malas decisiones de esas mismas entidades. Y es principalmente responsabilidad de estas últimas que exista actualmente el descontento ciudadano suficiente para dar lugar a que estas protestas tengan tanto respaldo.
Dicho esto, no deja de ser verdad que, si se llega a extremos, como casos de violencia o que repitan episodios como los ocurridos el último miércoles en el Jorge Chávez, el daño que se generaría podría incluso agravar algunas de las situaciones por las que justamente se está protestando. Reclamos como el de Corpac, o el de algunos de los líderes transportistas que parecen más preocupados por intereses políticos de corto plazo, se ven en este contexto como potenciales riesgos más cuestionables que las manifestaciones espontáneas y pacíficas que reclaman por problemas como la inseguridad. Más aún con el historial reciente de fallos generados por Corpac en los últimos meses.
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Existe un óptimo razonable entre manifestaciones pacíficas proporcionales y dar lugar a situaciones que terminarían por empobrecer a más peruanos, por las consecuencias indirectas que tendrían en la imagen del país y, consecuentemente, en la economía nacional.
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