Más descuido que prioridad

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. Como suele ocurrir en el Perú con frustrante frecuencia, existe un diagnóstico de la situación de la paupérrima infraestructura educativa y hasta un plan nacional orientado a cerrar esa brecha, que el 2017 bordeaba los S/ 100,000 millones y al cierre del año pasado, era de S/ 98,000 millones. Eso significa que en cuatro años, apenas se pudo cerrar el 2% de la brecha, tasa que deja en ridículo a los discursos oficiales que ubican este problema en la cima de prioridades.

Lo más alarmante es que en muchos casos no se trata de tareas rutinarias, como reparar techos o pintar aulas, pues alrededor del 40% de colegios en el país tienen que ser demolidos. En suma, la reforma de la educación escolar tiene muchos pendientes en materia de infraestructura, ya que a la fecha parece haberse concentrado en la mejora de la calidad de la enseñanza. Por ello, cabría preguntarse cómo se pueden dictar clases con metodologías y herramientas modernas si los locales que albergan a alumnos y profesores corren el riesgo de derrumbarse, aparte que muchos no cuentan con servicios básicos óptimos como electricidad, baños o áreas para actividades físicas.

Mirando al mediano plazo, los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL) no parecen abordar el problema de manera programática e integral: forma parte de los muchos enunciados que difícilmente podrían llamarse propuestas de política educativa. Por ejemplo, FP propone “agilizar y estandarizar los procesos de diseño y operación de los proyectos de inversión pública vinculados con la infraestructura y equipamiento educativo”, lo cual se promete siempre pero nunca se cumple. Sí hay novedades en cuanto a la enseñanza, como luchar contra la deserción o poner énfasis en el fomento de la educación superior tecnológica y técnico-productiva.

Al igual que FP, PL ofrece elevar el presupuesto en educación, pero en su caso, ese dinero extra provendrá de la “renegociación” del Impuesto a la Renta que pagan las transnacionales (que será 70% de sus utilidades) y las reservas (¿las del BCR?), o de la nacionalización de los recursos naturales. El gasto en infraestructura será uno de los beneficiados de esa repentina abundancia presupuestal. Por cierto, PL también plantea derogar la Ley de Reforma Magisterial, elevar sueldos de los docentes y reponer a los que fueron despedidos, que el 2017 eran las demandas de la prolongada huelga que su candidato presidencial lideró. Como promesas electorales funcionan, pero no son propuestas para mejorar la educación.