Riesgos. “Los incrementos a la Remuneración Mínima Vital (RMV) han estado asociados a factores políticos, lo que ha resultado en un salario mínimo volátil y poco predecible”. Así lo precisa un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado en agosto del año pasado. Y la data que sustenta esa conclusión es contundente: de los catorce aumentos de la RMV decretados entre el 2000 y el 2022, doce coincidieron con periodos electorales o de baja aprobación presidencial. Habrá que sumar a esta lista el alza decretada por la presidenta Dina Boluarte la semana pasada, pues su aprobación (3%) roza el margen de error de las encuestas y su Gobierno continúa a la deriva.
A partir del 1 de enero, la RMV subirá de S/ 1,025 a S/ 1,130. Cabría preguntarse por qué se recurre a la RMV para captar simpatías populares si solo afecta a los trabajadores formales, que no llegan al 25% de la fuerza laboral del país. Lo que sucedería es que, en muchos casos, las empresas informales ofrecen a sus trabajadores un pago mensual que bordea la RMV, pero sin agregar los beneficios sociales del régimen laboral del sector privado, como gratificaciones, vacaciones o seguro médico –por ejemplo, la contribución mínima a EsSalud equivale al 9% de la RMV–. Dichos costos sí son asumidos por las empresas formales, de modo que tendrán que pagar, por cada trabajador, un monto mayor a los S/ 105 mensuales adicionales de la RMV.
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O sea que faltando apenas días para que comience el nuevo año, al Gobierno se le ocurrió alterar los presupuestos de las empresas. Es de suponer que no todas estarán en condiciones de asumir esos egresos adicionales, de modo que optarían por despedir trabajadores y/o incrementar sus precios, o peor aún, volverse informales. Al parecer, nada de esto formó parte de los criterios “técnicos” que el Gobierno dice que evaluó para subir la RMV.
Tampoco habría incluido el alza en el Presupuesto Público 2025 –no figura en ninguna parte de la respectiva ley–, pese a que existen servidores estatales que laboran bajo el régimen laboral de la actividad privada, otra muestra de lo improvisado que es este Gobierno. Otra característica del régimen Castillo-Boluarte, además del copamiento de entidades con personal escasamente calificado, es el incremento de las remuneraciones en el sector público. Por ejemplo, sus trabajadores recibirán el 2025 con un aumento de S/ 100 mensuales, además de una bonificación única de S/ 200, con lo que el aumento de sus ingresos será superior al alza de la RMV, pero su productividad continuará empeorando.
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