JAQUE A CASTILLO. Desde el 28 de julio del 2021, el presidente Castillo no ha sabido afrontar las críticas y denuncias y siempre ha dejado dudas en sus respuestas. Ahora las revelaciones de Karelim López, convertida en aspirante a colaboradora eficaz, complican, de ser comprobadas, aún más la delicada estabilidad del Ejecutivo.
Las acusaciones de la empresaria solo agregan más dudas y denuncias que ya existían sobre el rol del ministro de Transportes, su inamovible ministro Juan Silva, así como del entorno que el propio presidente Pedro Castillo formó y protege.
La gravedad de la situación no merecía tan solo una primera respuesta del mandatario por redes sociales, ni mucho menos un mensaje a la Nación, en el que se repite como un estribillo las acusaciones contra la prensa y su victimización.
El jefe de Estado se equivoca y nuevamente pierde la oportunidad de ser claro. No basta, esta vez, con lanzar un discurso apelando “al pueblo”.
Castillo le deja ese encargo a la Fiscalía y le pide esclarecer las acusaciones, eludiendo responder directamente al país. Pero además, a renglón seguido, acusa al Ministerio Público de ser parte de un “complot para desestabilizar al Gobierno”. El Ministerio Público tiene la obligación de realizar una investigación, pero también de aclarar si su personal no es parte de los acusados en este caso. Este mandato que recae sobre la Fiscalía no es óbice para que Castillo, sus ministros y su propio entorno no respondan.
La reacción del mandatario, de la vicepresidenta y del jefe del Gabinete no ofrece respuestas y solo reafirma su poco interés por mostrarse firmes frente a los casos de corrupción que desde el inicio del Gobierno no cesan.
El discurso de Aníbal Torres solo ratifica otra vez su desprecio por las instituciones y su animadversión contra la prensa. Los medios, pese al desdén del Ejecutivo, continúan sus investigaciones y revelan diversos casos de corrupción semanalmente.
Castillo frente a estas nuevas evidencias muestra el mismo discurso, que no abona para un clima de estabilidad, que brinde garantías al pueblo al que suele aludir, que golpea aún más la confianza empresarial y que evidentemente incidirá también en los consumidores. El silencio de parte de algunos ministros no ayuda al Gobierno y por supuesto a ellos tampoco.
Ahora corresponde saber si desde el Congreso habrá una acción clara de parte de los integrantes de las bancadas, convertidas varias de ellas en críticas del Gobierno a través de los medios, pero sin acciones articuladas desde su rol.
Hoy en la Junta de Portavoces se conocerá si habrá una reacción inmediata o los cálculos políticos de siempre. Todas las acciones que se tomen, por cierto, deberán estar siempre acordes con el marco constitucional, pero sin que sea un menoscabo al rol fiscalizador y control político de los congresistas.