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INVERSIÓN. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) promulgó el Decreto Supremo 003-2023-EM que exonera a Petroperú, por 18 meses, de la obligación de contar con permisos para operar la refinería de Talara. Solo tendrá que elaborar un plan de respuesta a emergencias y contratar un seguro que cubra daños al medio ambiente, entre otras responsabilidades. No es la primera vez que esta empresa pública recibe un trato especial de parte del Estado, sino que es algo usual, sobre todo con relación al mencionado proyecto.
Por ejemplo, una ley del 2004 la excluyó del proceso de privatización y otra del 2006 la excluyó del ámbito del Fonafe (o sea que no sigue sus estándares de gestión ni somete su presupuesto a su aprobación) y del sistema nacional de inversión pública. En otras palabras, Petroperú goza de prerrogativas funcionales que el resto de empresas estatales no tiene. Y lo que han provocado no ha sido un manejo eficiente de la empresa ni de su proyecto estrella.
En particular, durante los cinco meses que tuvo como gerente general al hoy investigado Hugo Chávez Arévalo (octubre 2021-marzo 2022), quien generó una crisis financiera en Petroperú que, hasta ahora, está costando a los contribuyentes S/ 4,000 millones en transferencias del Tesoro registradas como “gasto de capital”. O sea, sacar del hoyo a la petrolera estatal, para el Ejecutivo, inversión pública. Este caso evidencia que el Estado es un mal empresario y que sus errores los terminan pagando todos los peruanos. Eso sin contar con los más de S/ 1,100 millones en pérdidas que ha detectado la Contraloría en la construcción de la refinería de Talara.
No debe sorprender, entonces, que el costo inicial del proyecto, que hoy está en US$ 5,300 millones, se haya quintuplicado respecto del estimado el 2013, ni que continúe en ejecución pese a que cuando comenzó, en mayo del 2014, se anunció que estaría listo el 2017. El expresidente Pedro Castillo “inauguró” la refinería en abril pasado, pero diez meses después, opera al 30% de su capacidad –y sin permisos–.
El titular del Minem, Óscar Vera, explicó que la exoneración por año y medio de los permisos se debe a que el Perú no posee técnicos que puedan revisar proyectos de alta complejidad y hay que darle tiempo al regulador (Osinergmin) para que se prepare. El funcionario parece haber olvidado que la refinería lleva casi nueve años en construcción, tiempo suficiente para que la regulación se haya puesto al día. Cabría preguntarse por qué otros megaproyectos tanto o más complejos no han recibido ese mismo trato.
