Juez y parte

REFORMA UNIVERSITARIA. En una medida a todas luces perjudicial para la ciudadanía, el Parlamento aprobó ayer en segunda votación el proyecto que busca modificar la conformación del Consejo Directivo de Sunedu, gracias al cual ahora las universidades formarán parte del mismo y decidirán tanto en el licenciamiento universitario para las universidades públicas y privadas, como en la creación de filiales y sedes.

Llevar adelante el licenciamiento de 144 universidades y centros de posgrado fue un proceso largo que tomó casi cinco años, a través de los cuales si bien algunas de las 94 universidades que obtuvieron su licencia no tuvieron mayores inconvenientes, otras requirieron varios años para poder adecuarse a lo que exigía la nueva normativa.

¿Por qué tomó tanto trabajo asegurar la calidad educativa de estas casas de estudios? Porque, lamentablemente, durante los años en que estuvo vigente la Asamblea Nacional de Rectores –constituida por todos los rectores de las universidades públicas y privadas del país– la calidad en la enseñanza no fue la prioridad al momento de permitir la creación de una nueva casa de estudios ni se buscó evaluar a las ya existentes.

Ninguna institución es infalible y ocho años después de su creación seguramente pueden plantearse mejoras al interior de la Sunedu, pero modificar la conformación del Consejo Directivo no es una de ellas. Utilizar la carta de la autonomía universitaria para incluir a dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales, no es la mejor opción cuando actualmente de los siete miembros cinco son elegidos por concurso público de méritos.

La experiencia ha demostrado que en casi ningún organismo funciona bien ser juez y parte, y en el caso específico de las universidades los errores cometidos y la falta de exigencia en la calidad educativa han generado incontables promociones de estudiantes con un título universitaria pero sin los conocimientos necesarios para afrontar la competencia laboral, lo cual es un factor más que afecta la productividad del país.

La norma aprobada evidencia que en materia educativa el país va como el cangrejo y tendría que ser observada por el presidente Castillo, sobre todo cuando enarboló la bandera de la educación como una de sus prioridades.