Editorial de Gestión. Lo que ocurre con los gobiernos regionales revela falta de planificación y de compromiso con sus propias poblaciones. (Foto: GEC)
Editorial de Gestión. Lo que ocurre con los gobiernos regionales revela falta de planificación y de compromiso con sus propias poblaciones. (Foto: GEC)

REGIONALIZACIÓN. Según la reciente encuesta de Datum, una amplia mayoría (71%) considera que la creación de gobiernos regionales no ha sido la solución para los problemas y necesidades de sus departamentos, y el 38% los responsabiliza de que no se ejecuten obras. De los innumerables casos que son evidencia de esa percepción, dos resaltan por su magnitud: la tercera etapa de Chavimochic y la segunda de Majes-Siguas. Según el Plan Nacional de Infraestructura, publicado por el MEF el 2019, la inversión estimada ascendía a S/ 3,149 millones y S/ 2,019 millones, respectivamente.

Ambos son proyectos de infraestructura de riego y sus contratos de concesión fueron suscritos bajo el esquema de asociación público-privada (APP) por sus respectivos gobiernos regionales (La Libertad y Arequipa). Chavimochic III se detuvo hace cinco años a raíz del caso Lava Jato –Odebrecht forma parte del consorcio que ganó la concesión– y hasta ahora no se encuentran soluciones para revitalizarlo. Los parlamentarios que representan a La Libertad no se dan por enterados.

El marasmo en Majes-Siguas II tiene varios años y entre sus causas figura, además de líos judiciales con autoridades cusqueñas, la demora de más de tres años en la aprobación de una adenda al contrato de concesión (la decimotercera), que recién en julio recibió opinión favorable del MEF. Mañana viernes, el Consejo Regional de Arequipa definirá si la obra se reiniciará o seguirá postergada, en medio de una disputa entre miembros de su Comisión de Agricultura (dos están en contra y uno a favor).

Estos dos casos ilustran el fracaso del proceso de regionalización y, en particular, la incapacidad de los sucesivos gobiernos nacionales y regionales para destrabar dos obras que en conjunto generarían 300,000 empleos formales y ampliarían la frontera agrícola en 101,000 hectáreas. La solución podría ser establecer un monto de inversión a partir del cual los proyectos de infraestructura corran por cuenta del Gobierno nacional y que el rol de ProInversión no se limite a la asesoría.

Aunque hay megaproyectos a cargo del Ejecutivo que marchan con lentitud pasmosa y los ministerios y otras agencias gubernamentales han mostrado serias deficiencias para destrabarlos, lo que ocurre con gobiernos regionales como los mencionados revela falta de planificación y, lo que es peor, de compromiso con sus propias poblaciones. Lamentablemente, el clientelismo político, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, hará que sea casi imposible reformular el mal concebido y peor implementado proceso de regionalización.


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