Únete al canal de GestiónTRABAJO. En apenas dos años, ocho ministros han pasado por la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo; cuatro, desde que asumió la mandataria Dina Boluarte. Este cambio continuo no da espacio para generar predictibilidad en un sector que es importante para el desarrollo del país.
Sin embargo, las primeras declaraciones del nuevo ministro de Trabajo, Daniel Maurate, hacen prever que mantendrá la línea de su antecesor Fernando Valera.
Así, en sus primeras declaraciones afirmó que su sector no emitirá un “paquetazo” normativo ni en contra de los trabajadores ni de los empleadores y añadió que no los ve como contraparte sino como complementarios.
Es saludable oír una posición así, sobre todo porque los primeros ministros del régimen de Pedro Castillo parecían querer polarizar, aún más, la relación empleador– trabajador.
Es una buena señal que desde el ministerio de Trabajo se reconozca que “no es posible el desarrollo de la actividad empresarial sin trabajadores, y tampoco es posible ampliar espacios laborales, empleo o derechos laborales sin el desarrollo de las unidades productivas”.
Mantener los espacios de diálogo como el Consejo Nacional de Trabajo será parte del esfuerzo que deberá hacer el ministro para avanzar en mejorar la relación entre gremios empresariales y sindicales, una tarea nada fácil pero necesaria.
Si bien hay temas puntuales que deberá abordar el titular de Trabajo, como el incremento de la remuneración mínima o la restricción al uso de la tercerización laboral, quizás la prueba de fuego será la informalidad laboral, pues más allá de acercar la oferta con la demanda se debe trabajar en propuestas normativas que busquen afrontar esta problemática desde todas sus aristas.
Es cierto que en esa materia Maurate no tiene gratos recuerdos —pues mientras estuvo al frente del Ministerio de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala sus esfuerzos por sacar adelante la ley de empleo juvenil no dieron buenos resultados—, pero si se desea lograr cambios a largo plazo, no se puede obviar la necesidad de contar con leyes de incentivo a la contratación tomando en cuenta las características de determinados sectores o ciudades.
Por ejemplo, aun con sus imperfecciones, nadie puede negar el desarrollo que se logró en el sector agroexportador—que incluyó un fuerte aumento de empleo formal—, gracias a una ley exclusiva para esta actividad.
No se trata de una tarea sencilla, pero si se quiere avanzar en reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida de los peruanos, es necesario apoyar la inversión privada que es la mayor generadora de empleo formal.
