Desenfocados

EDUCACIÓN. La calidad educativa de los niños y jóvenes del país es la principal preocupación de los padres y debería serlo también de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La reciente interpelación al ministro Benavides o su presencia ante las comisiones de Fiscalización y Educación podría haber sido una muestra de ello. Sin embargo, dejaron ver un mayor interés por lo económico que por lo formativo.

El pliego interpelatorio se basó en la labor previa del ministro como jefe de la Sunedu y las supuestas irregularidades que habría cometido en el proceso de licenciamiento de universidades para favorecer a algún centro de estudios. Pero no se incluyó ninguna pregunta respecto a la falta de apoyo a la labor actual de la Sunedu, un tema puesto sobre el tapete por su actual titular, Oswaldo Zegarra. Pues más que decir que la reforma universitaria no se negocia, se requieren acciones más concretas.

El pliego tampoco incluyó ninguna referencia a la labor del ministro al frente de su cartera. Por ello lo citaron las comisiones de Educación y Fiscalización, pero el centro de las preguntas fue respecto a la fallida compra de tablets, un tema sin duda importante, pero no el único punto de interés cuando de educación se habla.

La pandemia le cambió la vida al país y la educación no estuvo exenta. Las clases tuvieron que empezar a impartirse de manera virtual y queda claro que, aun en las universidades o colegios mejor preparados, el cambio ha costado tiempo y en ningún caso puede ser 100% equivalente a las clases presenciales. Durante su presentación ante el pleno el premier afirmó que “Aprendo en casa” llegó para quedarse y aun así ningún parlamentario cuestionó al ministro sobre si el sistema de clases virtuales se mantendría durante el próximo año.

El ministerio ha tratado de regular la forma en que los colegios privados dictan las clases no presenciales, pero es necesario mejorar la fiscalización, sobre todo si se extenderá en el tiempo. Además, se requiere una mayor capacitación para que los profesores puedan hacerle frente a este nuevo reto educativo.

Esta es información que tanto los padres de familia como los propios colegios necesitan conocer para seguir adelante, y el ministerio parece no darse cuenta de ello. La Contraloría y las comisiones de fiscalización pueden hacerse cargo de los otros problemas.