Demanda enfriada

Inversión y consumo. El BCR proyecta que este año la demanda interna se desacelerará, es decir, que crecerá menos que en 2022 (2.1% versus 2.3%), sobre todo por la incidencia de dos de sus cuatro componentes: el consumo privado (su expansión se ralentizará) y la inversión privada, que se contraerá ante la débil confianza empresarial.

Esto también ocasionará que el PBI total se expanda menos, como comentamos previamente en esta columna (Gestión 27.03.2023 y 29.03.2023). Los otros dos componentes de la demanda interna son el consumo y la inversión del sector público, que este año mostrarán una ligera recuperación, según la entidad.

Pero si los cálculos del BCR reflejan una desaceleración, las proyecciones de bancos y analistas privados se sitúan en el lado del enfriamiento, o sea, la casi paralización de la demanda interna.

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Por ejemplo, el Banco de Crédito (BCP) espera un avance de ese indicador de solo 0.9%, que sería el más pesimista de los pesimistas, comparado con los cálculos de BBVA Research (1.5%) y Scotiabank (1%), entre otros. Habría que asumir que estas proyecciones están un poco más actualizadas que las del BCR, pues están considerando las últimas anomalías climatológicas, como las intensas lluvias que siguen azotando Piura.

Lo preocupante es que el Gobierno no parece estar tomando conciencia de la magnitud del problema. Para empezar, la demanda interna dejaría de ser el principal motor del crecimiento del PBI de este año (como lo fue el 2022) y los factores que podrían estimularla continúan siendo pasados por alto.

Por el lado de la inversión privada, por ejemplo, es poco probable que la alicaída confianza de los empresarios se recupere notablemente si no se eliminan obstáculos como los aplicados a la tercerización laboral –el año pasado, durante el obstaculizador e inepto Gobierno de Pedro Castillo–.

El presidente del BCR, Julio Velarde, ha sido el único alto funcionario en pronunciarse contundentemente en contra de la medida (“…es una locura y una pobre comprensión de la economía privada”, dijo en marzo del año pasado), mientras que otros en el Ejecutivo y en el Congreso han optado por las respuestas evasivas.

Todos los procesos interpuestos ante el Poder Judicial, o los casos presentados ante Indecopi en torno a la prohibición de la tercerización, serían archivados si el Ministerio de Trabajo (que no promueve el empleo) derogase el cuestionado decreto supremo. Pero por lo visto, no lo hará y la incertidumbre proseguirá. Y con ella, el enfriamiento de la inversión y del consumo privado.

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