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La semana pasada, el Congreso aprobó en primera votación dos proyectos de ley –de autoría de Perú Libre– que pretenden modificar algunos aspectos clave de la legislación existente contra el crimen organizado. Se pretende modificar, por ejemplo, la definición de “organización criminal” y obligar a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. Además, el Parlamento también busca aprobar otra ley para insistir en que el plazo máximo en que puede suspenderse la prescripción de un delito sea de apenas un año, luego de que la Corte Suprema considerase en noviembre pasado que la ley que aprobó dicho cambio era inaplicable por ser inconstitucional.
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En ambos casos, los votos llegaron de diversas bancadas, tanto de izquierda como de derecha. Y no debería sorprender, considerando que todos estos cambios jugarían a favor de varios políticos hoy envueltos en investigaciones penales. De hecho, antes de la decisión de la Corte Suprema, Vladimir Cerrón (Perú Libre), Joaquín Ramírez (exdirigente fujimorista) y el propio Alejandro Soto –el actual presidente del Congreso–, lograron utilizar la ley que redujo el plazo de la prescripción para librarse de los procesos penales que enfrentaban. Fue por ello que, en su momento, la norma fue etiquetada como “ley Soto”.
Por otro lado, según han advertido varios especialistas, la iniciativa que busca cambiar la definición de crimen organizado básicamente elevaría el estándar probatorio para poder definir que un delito fue cometido por una organización criminal. El mismo proyecto le prohibiría a la Fiscalía de la Nación solicitar al Poder Judicial el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a ingresos pensionarios y/o relacionadas con bienes y activos de partidos políticos. Y además, impondría también los requisitos ya mencionados a los allanamientos.
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En cualquier circunstancia, ya sería escandaloso que cualquier Congreso apruebe normativas que tan claramente resultarían beneficiosas no solo para políticos investigados penalmente, sino también para varios delincuentes comunes (el especialista Nicolás Zevallos ha advertido, por ejemplo, que si se aprueban estos cambios se verían beneficiados también las organizaciones criminales dedicadas a extorsiones, secuestros, o asaltos). Sin embargo, en este caso se trata de una situación incluso peor, pues está ocurriendo en un país en el que la inseguridad lleva más de una década entre los tres principales problemas que más preocupan a la ciudadanía.
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Hace varias semanas, cuando recién iniciaba la legislatura que ya está por terminar, decíamos en esta columna que más allá de lo que puedan decir los congresistas en los medios o en sus redes, serían sus votos los que revelen cuáles son sus verdaderas prioridades (ver editorial del 01/03/2024). Tras lo ocurrido la semana pasada, vuelve a quedar claro que su prioridad sigue siendo cuidar sus propias espaldas, antes que resolver problemas reales para los peruanos.
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